Según informa el colectivo en una nota, la Apdha ha puesto de relieve que las denuncias por situaciones discriminatorias que con mayor frecuencia le han sido trasladadas en ediciones anteriores de la feria son "las relacionadas con la prohibición de entrada en casetas por motivos étnicos o de perfil socioeconómico".

En estos casos, han tenido un especial protagonismo "negativo" las personas que, "sin la acreditación legal necesaria para ello, llevan a cabo el control de acceso a las casetas, y también el abuso de los horarios en los que algunas casetas tienen permitido reservar el disfrute de sus instalaciones a sus socios".

Desde el colectivo celebran los cambios formales en las bases, sobre los vigilantes de seguridad, pero insisten "en la necesidad del control exhaustivo por parte de la Policía Local para su cumplimiento efectivo, recurriendo en su caso a las pertinentes sanciones administrativas a los responsables de las casetas incumplidoras".

Por otra parte, la Apdha ha destacado "la necesidad de priorizar un tratamiento social antes que policial de las personas en riesgo de exclusión que realizan actividades de venta ambulante informal en la feria", dado que "esa venta informal no representa una competencia real frente a los feriantes regularizados", a lo que añade que "tratarla exclusivamente desde la perspectiva policial tan sólo consigue en ahondar la situación de exclusión que sufren las personas que la ejercen, que provienen de la capas sociales más vulnerables de la sociedad".