No obstante, la Fiscalía y el Abogado del Estado han retirado la acusación por el delito continuado de fraude de funcionario público, cambiándolo por una falta de estafa, por lo que la pena se le rebaja a un año y diez meses de prisión, al pago de una multa y a la inhabilitación, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El jurado considera probado que se alteraron facturas por valor de 476 euros, de los cuales 264 fueron destinados para la compra de material necesario para la unidad de Automoción, como tóner para impresora, reparación de sistemas luminosos o de aparatos informáticos, mientras que el resto, 212, se desconoce su paradero.

Durante el juicio, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, que lo ha dejado visto para sentencia, el acusado recoció que, entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, "consensuó" con el propietario del taller "un aumento de las horas de mano de obra mínimo" por factura, obteniendo una cantidad que destinó para material necesario para la unidad, de lo que constan facturas.

"Se pagaban las facturas conforme a lo acordado y después la demasía respecto a las horas reales me las devolvía", remarcó, dejando claro que ese dinero lo utilizó "siempre" para la compra de material para la unidad, "que no podía facturar porque no eran adscrito a ninguna matrícula de vehículos". Del mismo modo, insistió en que "nunca" se quedó con ninguna cantidad para uso personal.