Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la ordenanza inicial recoge que la vivienda objeto del programa debe estar ubicada en Cádiz y vacía (disponible para el alquiler), y que la renta de mercado tasada por el correspondiente técnico tras realizar una visita de inspección a la vivienda no puede ser superior a 350 euros al mes para las viviendas de un dormitorio, 450 euros al mes para las de dos dormitorios y 500 euros al mes para las de tres o más dormitorios.

Los beneficiarios de este programa serán personas y familias inscritas en el padrón o que acrediten su residencia en la ciudad

con una antelación mínima de seis meses y que se encuentren en una situación de necesidad inmediata de una vivienda. La propuesta de beneficiarios se realizará a instancias de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda

La edil de Vivienda, Eva Tubío, ha destacado el trabajo conjunto desarrollado para elaborar esta ordenanza, en la que han participado más de 40 personas integrantes de colectivos sociales en defensa de la vivienda de la ciudad, técnicos municipales y de la Junta de Andalucía, además de representantes de propietarios y tenedores de vivienda.

"Se trata, por tanto, de un documento trabajado que ahora está preparado para enriquecerse con el periodo de alegaciones que ahora se abre tras su aprobación".

Tubío ha pedido la colaboración de todos los grupos de la oposición porque "tenemos que dar respuesta urgente a la demanda de los ciudadanos que piden agilidad y concesión". En este sentido, ha hecho referencia a las cerca de 7.000 familias inscritas en el Registro de Demandante de Viviendas, de las cuales 4.000 lo están en la modalidad de alquiler.

A juicio de la edil de Vivienda, esta ordenanza "rebasa el planteamiento inicial acordado en el Pleno extraordinario de Vivienda celebrado el pasado mes de octubre, no sólo propone el pago de una prestación para aquellas personas que no pueden acceder a la vivienda, sino porque ahonda en el fomento del alquiler a través de la captación de pisos vacíos de los cuales se estima que hay unos 3.000".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Juan Manuel Dorao, ha subrayado la ausencia de dos medidas de salvaguarda para el Ayuntamiento que presentarán en el periodo de alegaciones, como son una cláusula de exoneración de responsabilidad por parte del Ayuntamiento al actuar como mediador y la posibilidad de reservarse el derecho de suspender la aplicación de la ordenanza al prestatario cuando se produzca un impago.

Desde el PSOE, la edil Victoria Rodríguez ha puesto el acento en la definición de vivienda vacía y en la partida presupuestada para el arreglo y acondicionamiento de las viviendas para que sean habitables que han considerado insuficientes.

La socialista ha dicho echar de menos que se aplique también a aquellos jóvenes que se han visto obligados a irse de la ciudad debido al alto precio de los alquileres de la ciudad. Para Rodríguez, "esta ordenanza va a lo urgente, pero no a lo efectivamente necesario".

Por su parte, el concejal del PP Juan José Ortiz ha puesto en duda la capacidad de maniobra de esta normativa al limitar los precios de los alquileres que deben poner los propietarios, motivo por el que el PP "duda" de que estén interesados en participar en este programa.

Asimismo, al igual que el PSOE, ha criticado la "escasa aportación destinada para que los propietarios arreglen y rehabiliten las viviendas".

Tras la aprobación inicial del borrador de la Ordenanza reguladora de las ayudas al programa municipal 'Alquiler Justo', se abrirá un periodo de información pública y audiencia a los interesados, por el plazo mínimo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, con las publicaciones que correspondan.