En concreto, la sentencia a la que ha accedido Europa Press le condena a un año de cárcel y multa de 4.200 euros por un delito contra los trabajadores y a otro año y medio de prisión por un delito contra la Administración de Justicia junto a otra multa de 6.000 euros. Además,

por una falta de defraudación de fluido eléctrico se le condena al pago de otra multa por valor de 1.200 euros.

"Se considera que los trabajadores citados eran explotados" por el acusado y que "existía engaño y abuso máxime tratándose de unos trabajadores extranjeros inmigrantes algunos de ellos sin papeles y que además tampoco conocían, apenas, el idioma español", recoge textualmente la sentencia.

Sin embargo, la sentencia le absuelve del delito de desaparición forzosa del que le acusaba la acusación particular y por el que le había reclamado 15 años de prisión. La acusación particular ejercida por el letrado Javier Pulido entendía que existían indicios suficientes para demostrar que el acusado atentó contra la vida del joven maliense Tidiany Coulibaly, el trabajador que levantó su voz para decir que no seguirían trabajando en las mismas condiciones.

G.V.L. negó en el juicio celebrado el pasado 3 de mayo haber abusado de los inmigrantes temporeros y señaló que fueron éstos los que le engañaron a él por utilizar documentación de otros compatriotas y no declarar que se encontraban en situación irregular.

"Me constaba que todos los chicos estaban regularizados. No podía pensar que me estaban engañando", ha declarado G.V.L. durante su comparecencia en el juicio. Asimismo indicó que los inmigrantes temporeros, a los que refirió en múltiples ocasiones como "los negritos", trabajaban a destajo porque así se lo habían pedido ellos ya que "no les interesaba trabajar a jornal".

G.V.L. se enfrentaba inicialmente a 16 años de cárcel y multas por valor de 35.482 euros por los delitos de los que le acusaba la Fiscalía, aunque la acusación particular elevó su petición de penas hasta los 29 años de prisión.

G.V.L. es el empresario investigado por la desaparición en diciembre de 2013 del joven temporero maliense, Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el acusado al que pidieron dejar de trabajar a destajo para pasar a jornal.

La queja de estos trabajadores les valió en el momento quedarse sin trabajo y la desaparición de Tidiany Coulibaly, del que dos años y cinco meses sigue sin saberse nada de su paradero.

La sentencia recogo como hecho probado que el acusado pagaba a cada miembro de la cuadrilla 12 céntimos de euro por kilo de aceituna recogido, lo que al final de la jornada les suponía unos ingresos de unos 30 euros máximos cuando el jornal estaba situado por entonces en 50,36 euros.

Además se recoge que algunos de los trabajadores de la cuadrilla no tenían contrato de trabajo ni estaban dados de alta y algunos se encontraban además en situación irregular, algo que según el Ministerio Público.

El acusado descontaba a los trabajadores el precio del material que se rompía durante el trabajo y también los gastos de agua y luz, aunque el suministro de esta última era ilegal, de ahí que se le haya condenado también por una falta de defraudación de fluido eléctrico.

El delito contra la Administración de Justicia se produce después de que G.V.L. pidiera a dos personas de Villacarrillo a los que le tenía alquilado un bar que declararan que lo vieron el 17 de diciembre sobre las 13,00 horas a sabiendas de que esto era falso. De esta forma, el acusado disponía de coartada frente a la desaparición de Tidiany Coulibaly.

G.V.L. rechazó durante el juicio tener nada que ver con la desaparición de Tidiany Coulibaly y de hecho esgrimió todo lo que hizo durante la mañana en la que desapareció el joven temporero.

La sentencia estima que los indicios aportados por la acusación particular en relación con la desaparición forzosa del joven maliense "están plenamente probados pero de estos no se deducen a través de un proceso mental razonado" que el acusado secuestrara a Tidiany Coulibaly".

Por ello concluye que "en el caso de autos no se ha practicado en la vista oral prueba de cargo suficiente y válida para sustentar la condena del acusado por el delito de secuestro".

ESTUDIANDO EL RECURSO

La sentencia, en la que se condena al acusado a hacer frente a un tercio de las costas, es recurrible en casación al Tribunal Supremo. Tanto la acusación particular como la defensa están estudiando el contenido de la misma para valorar un posible recurso al Alto Tribunal.

El abogado, Javier Pulido, que ha ejercido de forma desinteresada la acusación particular en defensa de la familia del joven desaparecido ha indicado a Europa Press que tiene que estudiar "todos los resquicios" de la sentencia para valorar si finalmente interpone recurso y sigue peleando por mantener abierto un caso que "bajo ningún concepto quiero que se quede en el olvido".

Las partes tienen un plazo de cinco días a partir de la última notificación para comunicar su recurso al Supremo.