Sábado 7 de mayo por la noche. En el número 2 de la calle San Lorenzo (Chamberí) el ruido empieza a ser molesto. El sonido proviene del local Los Maitines, que está cerrado. Los vecinos avisan a la Policía Municipal. Esta llega, comprueba que se está celebrando una fiesta clandestina y actúa en consecuencia. El aforo supera en más del 50% el permitido en el local, donde además hay 47 menores consumiendo alcohol y tabaco.

Se trata de la última intervención policial en la que se ha desmantelado una celebración ilegal con menores en la capital. Pero no es la única: en los últimos meses han proliferado estas fiestas clandestinas, que se celebran fundamentalmente en locales y ocasionalmente en bajos de bloques de vivienda. "Se trata de una moda que se está extendiendo entre los menores, sobre todo en la época de Navidad y en estas fechas por el final de curso y las graduaciones", explica Emiliano Herrero, representante de CC OO en la Policía Municipal de Madrid, quien achaca este incremento a la facilidad que tienen los menores para organizarlas a través de Internet: "Por las redes sociales puedes contratar una fiesta de estas características en un momento".

Para intentar combatir este fenómeno, el Ayuntamiento ha ordenado intensificar la vigilancia los viernes y sábado por la noche. "Hemos dado indicaciones de estar con una mirada mucho más intensiva", ha afirmado el concejal de Seguridad, Javier Barbero. "Con esto se pretende que la moda no vaya más y se convierta en un problema de orden mayor, como ocurrió con el botellón, que empezó siendo un fenómeno residual y luego adquirió una gran magnitud", precisa Herrero.

La Policía no han ofrecido datos del número total de fiestas clandestinas desmanteladas en 2016, aunque este medio ha contabilizado casi una decena de actuaciones repartidas en distritos como Carabanchel, Fuencarral, Tetuán, Moratalaz o Chamberí, entre otros. La más llamativa ocurrió el 3 de abril en la calle María Tubau (Fuencarral), cuando el organizador del evento, Jorge C.G., habitual organizador de estas citas en la capital y en San Sebastián de los Reyes, observó que llegaba la Policía y decidió prohibir a los más 70 jóvenes que estaban allí que salieran.

La Policía Local recuerda el peligro de asistir a estas fiestas debido a que los locales no cuentan con las medidas de seguridad que marca la ley. Por ejemplo, es habitual encontrase con todas las puertas completamente cerradas, sin posibilidad de acceso o salida libremente de los asistentes, con el objetivo. Además, las salidas de emergencia, si existen, suelen estar bloqueadas con cajas, sin señalizar y ocultas a la vista, lo que haría imposible una evacuación. Los elementos de extinción de incendios también suelen ser inexistentes, precarios o estar en malas condiciones. En algunos casos las instalaciones eléctricas están en pésimas condiciones, sin ningún tipo protección, sirviéndose únicamente de un alargador conectado a un enchufe y rodeado de vasos y botellas con líquidos que podrían derramarse fácilmente.

La forma de contratación en la mayoría de los casos es parecida. El contacto se inicia a través de páginas de Internet donde se publicitan locales que acogen este tipo de celebraciones privadas. Según manifiestan los jóvenes, al promotor le es indiferente la edad de los asistentes. Una vez conseguida la contratación del local, con barra libre de bebidas alcohólicas incluida y con el único requisito de llenar el aforo, se expiden unos tickets a modo de entradas, que su precio varía dependiendo del aforo, entre los 16 y 22 euros por persona. El promotor suele poner a disposición a uno o dos colaboradores encargados de expedir bebidas, recoger tickets y abrir o cerrar las puertas de acceso.

La Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid contempla estas infracciones como muy graves. Esto supone que la sanción que podrían tener que afrontar los responsables de estas fiestas oscila entre los 60.001 y 600.000 euros. Sin embargo, hay una excepción: la infracción tipificada en el artículo 37.10, que contempla como un hecho grave la venta o servicio de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, así como permitir su consumo en el local o establecimiento. En este caso, la multa alcanzaría los 900.000 euros. Además de la sanción económica, el responsable se enfrenta a una inhabilitación de hasta tres años para la organización de eventos y al cierre del local por un periodo de hasta dos años.