El alcalde de Oviedo, Wenceslao Lopez (PSOE), ha anunciado este lunes una auditoría externa sobre todo el proceso de Villa Magdalena para determinar las "responsabilidades" tanto patrimoniales como penales que se reclamarán al "gabinismo", en referencia a los principales responsables municipales de los gobiernos del PP, liderados por el actual Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, durante los años en los que creció esta deuda.

El primer edil, en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado de la vicecalcaldes, Ana Taboada (Somos), y de la concejala de IU, Cristina Pontón, ha considerado "un día negro y triste" este jueves, en el que se conoció que el Supremo ha fallado a favor de la retasación del palacete de Villa Magdalena, lo que podría obligar al Ayuntamiento a pagar más de 30 millones más de los ya ha abonados a la Comansa por la adquisición de este inmueble.

El primer edil ha matizado que la cuantía del impacto aún no ha sido valorada y que se decidirá en un nuevo juicio en el que se aplicarán los nuevos parámetros que impone el Tribunal Supremo. No obstante, ha evitado ofrecer un cálculo del coste que tendrá para el Consistorio por razones de estrategia judicial.

"El importe exacto habrá que resolverlo por vía judicial, y vamos a defender con rigor los intereses de este Ayuntamiento", ha adelantado el primer edil. "El Consistorio llevará su propuesta, que de momento no dará a conocer públicamente", ha explicado, aunque ya asume "que tendrá una repercusión importante en este Ayuntamiento".

El alcalde ha explicado que aún no hay una decisión firme sobre cómo afrontar el pago, si con un modificado del presupuesto o otras vías. "Buscaremos el camino para que el impacto sea menos intenso, pero eso depende de cuestiones legales y aspectos financieros", ha señalado. Sería, o bien con recursos propios, es decir, el remanente presupuestario, o bien recursos ajenos, es decir créditos.

López, ha responsabilizado de esta decisión directamente al "cacique" Gabino de Lorenzo, que fue alcalde de Oviedo durante los hechos señalados y actualmente es delegado de Gobierno. Ha recordado que "un amigo de Gabino", en referencia al responsable de la empresa Comansa, Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, compró por 3 millones Villamagdalena , "y al final ha pedido al Ayuntamiento de Oviedo multiplicarlo por 20 durante todos estos años".

Según el alcalde, "estamos al final de este proceso, que no es una casualidad". "Se inició el proceso casualmente con Ley del suelo de Aznar del 98, y se permitió continuar siendo conocedores de que había una ley que podía perjudicar seriamente los intereses municipales", ha añadido.

Para el primer edil, aunque aún no haya documentos que lo demuestren "ha habido irregularidades", porque "¿quién tiene tres millones de euros y los invierte en un suelo de interés público expropiable?", se ha preguntado retóricamente con ironía.

En este sentido, ha justificado la auditoría anunciada. "Arranca el proceso el de exigir responsabilidades de hechos evidentes irregulares: acuerdos incumplidos e informes omitidos". Ha anunciado que se propondrá una "auditoría legal y económica, externa e independiente, de todo el proceso de Villa Magdalena, pera determinar dónde, cuándo y quién ha cometido irregularidades en este procedimiento".

DIMISIONES

De tal auditoría prevé que salgan a relucir responsabilidades "patrimoniales y penales", pero tiene claro quién son "los responsables políticos claros": "el gabinismo, que es más que una persona, es una cultura que ha habido en esta ciudad durante muchos años". "Y algunos son responsables directos, como Augstín Iglesias Caunedo, "que ha participado en actos que afectan directamente a Villa Magdalena". "Él y De Lorenzo son responsables políticos de esta infamia y deben dimitir de sus cargos", ha considerado.

Ha pedido también que la ciudadanía "grabe a fuego en su memoria este tipo de situaciones y cómo se han ido enquistando las corruptelas, y hoy se asumen prácticamente como algo normal", ha añadido.

Tanto Ana Taboada como Pontón hicieron hincapié en que el precio no sería el mismo si se hubiese consignado en su día el pago, medida que el Ayuntamiento no tomó pese a ordenarlo la Junta de Gobierno y plantearse apercibimientos en al menos 13 plenos. Una tasación del TSJA en 2004 lo cifró en unos 11,2 millones de euros, frente a los 60 que podría llegar a costar con la nueva tasación ordenada por el Supremo. El alcalde tampoco ha querido realizar una estimación al respecto, remitiéndose una vez más a la "estrategia judicial".

Taboada, calificó "el procedimiento legal de expropiación un pelotazo de 60 millones de euros". Fue una "operación temeraria que protegía el beneficio de los propietarios". "Se negó a consignar el justiprecio, pese a que en 13 plenos fue apercibido, y enriqueció a un antiguo amigo a costa de los ovetenses", ha criticado.

Según Taboada, los ovetenses pagan impuestos en parte para mantener servicios públicos y en parte para "mantener el tren de vida de Del Fueyo". Ha responsabilizado a De Lorenzo, a Caunedo, y también al portavoz adjunto municipal del PP, Gerardo Antuña. A todos pide su dimisión, y en caso de que no la asuman "que sea el PP el que lo exija". Entiende también que son ellos quienes "deben asumirlo de su bolsillo", motivo por el que justifica el expediente de "responsabilidad patrimonial".

Pontón, por su parte, ha recordado que "si se hubiese consignado el presupuesto no se habría llegado a esta situación", y ha responsabilizado también al exedil de Hacienda, Jaime Reinares.