A través de esta reforma, se sustituye la autorización previa para el transporte marítimo de pasajeros por el de comunicación previa, a fin de agilizar la creación de nuevas empresas que ofrezcan estos servicios.

Los plazos se acortarían de manera que en unos quince días aproximadamente, los empresarios que deseen ejercer esta actividad obtendrían la autorización para hacerlo.

Además, se permite a los que ya ejercen la actividad que en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta norma se acojan al nuevo procedimiento o continúen con el anterior.

Entre las críticas de la oposición a la modificación de la ley destaca el hecho de que no se presentara en la Asamblea Regional como proyecto de ley, esto es, presentada por el Gobierno y con los informes preceptivos, y no como proposición de ley, presentada por el grupo parlamentario popular.

El portavoz de Ciudadanos (C's), Miguel Sánchez, ha manifestado que le hubiese gustado que la reforma llegara a la Cámara con los informes preceptivos y que se hubiese tramitado como proyecto de ley.

No obstante, ha asegurado que se trata de una norma que liberaliza al sector, elimina las trabas burocráticas, incentiva el empleo y que, por tanto es "positiva".

Desde Podemos consideran que esta ley no se ha prestado al debate social y ha criticado al presidente regional por hablar de diálogo "cuando nos trae una ley sin diálogo", motivo por el que no la han apoyado.

El socialista Joaquín López ha asegurado que ellos se mantienen "firmes" en su postura y no como Ciudadanos, que "flanqueó" y apoyó al PP en esta reforma.

A su juicio es una "falta de respeto al parlamento y a la democracia" que esta reforma llegue a la Cámara a través del grupo parlamentario y no mediante el Gobierno y con los informes correspondientes.