El encargado de defender la propuesta en rueda de prensa ha sido el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, quien ha asegurado que, de haber estado vigente esta norma, "no se habría producido" el Caso Marea.

A su juicio, en una administración que cuenta con más de 35.000 empleados públicos, es "fundamental" realizar un control "a posteriori" para evitar irregularidades, algo que "no se ha desarrollado históricamente" en Asturias.

A raíz de la trama de corrupción del Caso Marea, recuerda, ya se intentó poner en marcha una Proposición No de Ley aunque no fructificó por "el inmovilismo clamoroso del PSOE".

Con esta ley desde Ciudadanos pretenden elevar el rango de la inspección general de servicios a una Dirección General, ampliar los mecanismos de control, extender la actuación a todo el ámbito de la administración autonómica, y establecer dos cauces de comunicación: uno que recoja las quejas de la ciudadanía a través de un "canal ético" y otro canal dirigido a los funcionarios en el que puedan denunciar hechos irregulares conservando su anonimato y recibiendo protección legal.

Si sale adelante, la norma ayudará a mejorar la productividad de la Administración pública y su sostenibilidad, además de profundizar en la transparencia y mejorar "ampliamente" el nivel de control sobre el funcionamiento de las administraciones.