Ambos mandos políticos han mostrado su intención en trabajar para que no se produzcan enfrentamientos de este tipo, por bochornosos y por haber puesto en evidencia la coordinación entre fuerzas de seguridad. No obstante, han optado por evitar valoraciones, aludiendo a la judicialización del caso.

Lo que sí han acordado ambos mandatarios es la anulación del convenio de colaboración que iban a suscribir ambas fuerzas policiales y que fue anunciado como "inminente" por la propia Consejería de Gobernación. La causa: la carencia de base jurídica para ponerlo en marcha.

El presidente de la Ciudad , Juan Vivas, ha pedido que este tipo de "colisiones" no se vuelvan a producir,

"especialmente en favor del interés general", aunque ha concretado que la Policía Local seguirá actuando en terrenos portuarios, aunque siempre en coordinación.

Ambos mandatarios sí han querido publicitar una versión políticamente correcta de lo sucedido, al recalcar que "estos hechos no pueden interpretarse de ninguna manera como confrontación del Gobierno de la Ciudad y la Autoridad Portuaria ni siquiera como una confrontación entre los cuerpos de la Policía Local y Policía portuaria, todos tenemos el objetivo y la obligación prioritaria de defender el interés general".

De otra parte y ahondando en la faceta judicial del asunto, Puertos del Estado ha puesto a disposición de los agentes portuarios el abogado del Estado para defenderles en el caso de que el juzgado de instrucción número 4 de Ceuta determine que se está ante un caso de detención ilegal, en el que quedarían como imputados los policías locales.

La decisión judicial se ha convertido en la esencia de esta polémica ya que la misma servirá como referente para posteriores enfrentamientos que puedan producirse entre Policía Local y del Puerto en otras demarcaciones portuarias. De hecho, las distintas policías del país han mostrado su apoyo a los portuarios de Ceuta.

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