Las empresas privadas de formación advierten de que peligran 150.000 empleos

  • La presidenta de la Asociación Nacional de Centros con Certificado de Profesionalidad (Anccp), Ana López-Cancio, ha afirmado este lunes que las empresas privadas de formación advierten de que peligran 150.000 empleos y le ha recordado a la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, que "en mayo de 2016 la reforma aprobada sigue sin ponerse en marcha".
Fátima Báñez tras el Consejo de Ministros
Fátima Báñez tras el Consejo de Ministros
EUROPA PRESS
Fátima Báñez tras el Consejo de Ministros

López-Cancio ha recurrido a la hemeroteca y ha destacado que la ministra de Empleo en funciones decía esto hace un año: "La formación de los trabajadores es urgente: no tenemos ni un minuto que perder". En este sentido, la presidenta de Anccp sostiene que desde entonces no se ha avanzado nada.

"Somos los que enseñamos a un trabajador desde ponerse un arnés a realizar una transacción comercial internacional, formamos soldadores, conductores de ambulancias, auxiliares de lavandería industrial, jardineros, contables, sumilleres, analistas de laboratorio y un sinfín de

profesiones que facilitan la inserción laboral y el progreso profesional de los y las personas trabajadoras".

Señala que en 2015 no hubo convocatoria de los planes de formación y este año lleva tal retraso que, aun aprobándose hoy, los cursos no podrían impartirse hasta final de año. Es decir, se han quedado sin formación medio millón de ocupados y 270.000 desempleados, repitiendo las últimas cifras de participación publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondiente a 2013".

Y destaca que el Servicio de Empleo mantiene paralizados 40 millones de euros que se aprobaron en resolución de 21 de agosto de 2015 en convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la permeabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de 30 años.

"Además, con su incapacidad gestora, la Administración central no sólo no ayuda a reducir en mayor medida la pérdida de empleos, sino que, con sus incumplimientos, está poniendo en serio peligro los puestos de trabajo de más de 8.000 empresas dedicadas a la formación", añade López-Cancio.

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