El ex ministro de Defensa José Bono expresó hoy su confianza en que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, cumplirá la futura Ley que garantiza el acceso a la vivienda "con independencia de que sea una medida muy cara y arriesgada y que ha contado con muchas críticas incluso internas".

Bono se pronunció de este modo, en declaraciones a Telemadrid, en relación al anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda cuya tramitación inició la semana pasada el Gobierno andaluz, y que deberá garantizar el acceso a la vivienda a los andaluces con ingresos inferiores a 3.000 euros mensuales. 

La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, por su parte, se mostró ayer más partidaria de establecer medidas "positivas" a la hora de acabar con el parque de viviendas desocupadas, con medidas "más efectivas", como incentivos fiscales para que los propietarios de dichas viviendas entren las pongan en el mercado del alquiler.

Gutiérrez respondió de esta forma al anuncio del Ayuntamiento de Sevilla, que llevará a la próxima sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local una propuesta, pionera en España, para lograr un gravamen del 50 por ciento sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aplicable a aquellos propietarios de inmuebles donde no existan ciudadanos empadronados.

"Cada municipio es libre de tomar las medidas concretas que estime oportunas porque cada localidad tiene unas condiciones específicas", agregó la consejera, que consideró "respetables" las decisiones municipales aunque insistió en que la Junta apuesta, "en principio, por plantear medidas en positivo de carácter fiscal, que con más efectivas".

A su juicio, "hay que mirar cómo esta la situación del mercado y en ese punto la Junta apuesta por incentivar al propietario y hacerle ver que puede obtener un beneficio para que, si no está usando esa vivienda, la saque al mercado del alquiler". Recordó en ese sentido la existencia de una población flotante que trabaja temporalmente en un municipio y para la que el alquiler es una forma de solución.

No obstante, indicó que "hay que analizar la situación coyuntural de cada ayuntamiento" y recordó que en aquellos temas que son de su competencia "ponemos todos los mecanismos para que un derecho sea realidad, aunque nuestro ámbito es más general y se centra en un acuerdo institucional general que todos los municipios deben cumplir, no se refiere a medidas excepcionales".