Así se ha expresado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha participado en la 39 edición de la Marcha Asprona, una de las marchas solidarias más antigua de España en la que ha expresado el reconocimiento y afecto de toda la sociedad castellanoleonesa al movimiento asociativo de la Fundación Personas y al trabajo que desarrollan.

En este marco, ha destacado la prioridad que supone para la Junta el compromiso y apoyo a las personas con discapacidad, tanto en clave de atención como en clave de derechos, para que puedan desarrollar proyectos vitales y con el objetivo del empleo como herramienta básica de inserción, para cuyo impulso se desarrollará el Plan de Inserción Scio-Laboral presentado este viernes.

Pero además la consejera ha adelantado que antes de junio la Junta aprobará un nuevo acuerdo de cláusulas sociales que actualice el antiguo de 2012, que ya fue pionero, lo que ha permitido desde su puesta en marcha la adjudicación de 1.332 contratos por importe de 18,8 millones y la ocupación de más de 4.600 personas con discapacidad.

Ahora, de lo que se trata es ampliarlo no sólo a los centros especiales de empleo, sino a las empresas de inserción laboral para "potenciar la contratación y este tipo de empresas".

Asimismo, establece que determinados contratos que realice la Administración autonómica se encuadren dentro de proyectos de inserción socio-laboral dirigidos a colectivos en situación o riesgo de exclusión social. De esta forma, el objeto del contrato será la inserción socio-laboral de estos colectivos mediante la contratación de una obra, de un servicio o la adquisición de un producto.

SUBVENCIONES Y AYUDAS

Además de las reservas de contratos para Centros Especiales de Empleo, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad. Desde septiembre de 2012 hasta finales de 2015 se han adjudicado 5.434 contratos que incorporaban cláusulas sociales por importe de casi 588 millones de euros, que suponen un 64,04 por ciento del importe total adjudicado.

Ahora se avanzará para ampliar el acuerdo a otros ámbitos de la actividad administrativa como las subvenciones y convenios, ha explicado la consejera, quien ha destacado también el impulso que se dará este año a los itinerarios personalizados de empleo, con una dotación de 4,3 millones, un millón más que el año anterior.

Además, se creará un 'Banco de buenas prácticas', con el objetivo de fomentar la incorporación de los aspectos sociales al gasto público. A través de esta herramienta se recogerán las experiencias existentes en las distintas Administraciones de Castilla y León, con el fin de que sirvan de orientación y asesoramiento en su aplicación y desarrollo a aquellas entidades públicas que las vayan a implantar en sus sistemas de contratación.