Así lo exponen los diputados populares Guillermo García de Longoria y Manuel Andrés González en una cuestión consultada por Europa Press, después de que la Junta anunciara en marzo que ampliaría los estudios tras conocer los resultados de una primera fase, que apuntan a un origen colectivo en el que intervienen la actividad industrial y las condiciones climatológicas con un efecto sinérgico.

A su vez, a este análisis inicial se sumaron los estudios olfatométricos solicitados a las empresas del sector químico y la geolocalización de las llamadas recibidas por episodios de malos olores, entre otros.

Todas estas pruebas concluyen que ninguna de las 13 fábricas constituye por sí sola un foco de mal olor, por lo que se abre un nuevo escenario para conocer si el conjunto de las emisiones de varias de ellas podría constituir la fuente de olores molestos para población.

Respecto a la metodología, se divide en tres puntos principales: la identificación de focos -cerca de 300-, su caracterización y la modelización de las emisiones de olor.

Del mismo modo, se analizaron las principales zonas emisoras, cinco polígonos industriales, detectando posibles orígenes industriales como son las balsas de fosfoyesos, las aguas residuales, fertilizantes o químicos, y los no industriales, como son vegetaciones, tráfico y otros.

PRIMERA EVALUACIÓN

La primera evaluación llevada a cabo por Strenghs pone de manifiesto que del tiempo en el que se han realizado las mediciones cualitativas por los expertos panelistas, en la capital durante el 58 por ciento del tiempo medido no se percibe olor; el 40 por ciento, el olor es no industrial; y el dos por ciento restantes es olor industrial, cantidad coincidente con las ocasiones en que la población percibe los malos olores.

En la zona industrial de La Rábida y sus alrededores, el olor industrial asciende al 12 por ciento -que proceden probablemente de la Punta del Sebo- y el no industrial al 54, mientras que el 34 por ciento del tiempo de medición hubo ausencia de olor.

Tras este primer avance, la Junta considera que existen varios factores que hay que tener en cuenta para obtener conclusiones más esclarecedoras. De hecho, la propia naturaleza del informe Strenghs requiere de periodos más largos de estudio -de seis meses a un año-.