En declaraciones recogidas por Europa Press antes de participar en una jornada sobre urbanismo en Valladolid, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha recordado que la solución al actual desequilibrio entre la protección del lobo y la actividad de la ganadería en extensivo, a la que se están produciendo unos daños "intolerables", no está en manos de la Junta ni del Gobierno de la nación, cuya mediación es necesaria para acudir a Bruselas con una voz uniforme y con peso para reclamar ese cambio de regulación.

En este sentido, ha insistido en ese llamamiento al consenso de todas las organizaciones e, incluso, partidos políticos con representación en la Comunidad para, a través del Gobierno de la nación, poder dirigirse a la UE para que cambie ese régimen de protección del lobo al sur del Duero y permita también que los daños puedan seguir siendo indemnizables.

Del mismo modo, ha considerado "razonable" esperar también a la constitución del nuevo Gobierno que salga tras las elecciones del 26 de junio para plantear esta propuesta al próximo ministro del ramo que, según ha asegurado Suárez-Quiñones, tendrá esta petición de Castilla y León entre las primeras que reciba de los consejeros.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha garantizado en todo momento que ese cambio de régimen de protección del lobo no afectará a la conservación de esta especie, que "seguirá siendo favorable", y sí supondrá una "oportunidad" para la ganadería en extensivo, que contará a finales de este mes con el nuevo sistema seguro "más ágil".

Según sus datos, la conservación del lobo está "absolutamente asegurada" en Castilla y León donde cuenta con un estado de expansión "muy favorable", como dicta la Directiva Hábitat, con hasta 180 manadas y unas 1.600 cabezas, frente a las 400 de hace unos años.