En un auto fechado el 2 de mayo y distribuido este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la instructora considera que la denuncia interpuesta por Ciscar en un juzgado de instrucción contra varios periodistas por revelación de secretos prevalece sobre la jurisdicción administrativa.

La jueza, de conformidad con el criterio del fiscal, entiende que no procede remitir la información a la Agencia de Protección de Datos porque ya existe un procedimiento penal en trámite por los mismos hechos, que tiene preferencia sobre la vía administrativa que reclama la interesada. Ciscar, según recuerda el auto, ha presentado una denuncia en un juzgado de Instrucción contra varios periodistas por un presunto delito de revelación de secretos.

"No ha lugar a la petición formulada en la medida que, existiendo un procedimiento penal en trámite en sede del mismo se debe dilucidar tales cuestiones, en la medida en que la parte se haya visto perjudicada por tales 'filtraciones', teniendo en cuenta que la jurisdicción penal es preferente a cualquier otra y que, en todo caso, los datos que constan en la causa referidos al patrimonio de Ciscar como investigada en el presente procedimiento se obtuvieron, no a través de oficio remitido a la Agencia Tributaria, sino haciendo uso de la información que facilita al juzgad el Punto Neutro Judicial", argumenta la resolución.

Consuelo Ciscar está investigada por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la edición de publicaciones durante su etapa como responsable de la institución cultural.

La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía, se dirige además contra otras cinco personas, que también tienen la condición de investigadas. Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.

A LA ESPERA DE INFORMES DE LA UDEF

Las seis personas contra las que se dirige la causa tendrán que declarar como investigados imputados, según la antigua denominación de la Lecrim. Su declaración no tiene aún fecha, a la espera de que la jueza reciba los informes de la UDEF y de la pericial reclamada al Ministerio de Cultura, de la que, a su vez, depende el informe que ha de completar la Intervención General.