La jueza María del Mar Cruz estima que, a "diferencia" de otros casos, en este "sí se impartió el curso debidamente" y los alumnos recibieron la formación "por la que acudieron", por lo que no existe ninguna irregularidad de relevancia penal, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Este archivo se suma al ya decretado con respecto a la mercantil Sicma Andalucía SL por el Juzgado de Instrucción 6, que consideró que las irregularidades detectadas, en concreto, que la retribución percibida por el profesor "no correspondía" con la que luego se justificó, se enmarcarían en el ámbito "administrativo".

También resolvió decretar el sobreseimiento provisional el Juzgado de Instrucción 3 de la capital en la investigación seguida contra la mercantil Infocentro SL después de que Ministerio Público concluyese de lo actuado que los cursos de formación para los que recibió 141.122 euros entre los años 2009 y 2013 se realizaron, los profesores se contrataron y los alumnos recibieron la docencia, por lo que no habría delito.

En el caso de Centro de Estudios Andarax SL, en su reciente auto de 26 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción 4 matiza que, a lo sumo, podría existir "alguna irregularidad de carácter administrativo" pero marca distancia con causas abiertas a otras empresas en las que "en realidad no se dieron los cursos, existen alumnos que nunca los recibieron o se falsificó algún documento".

CAUSAS COMPLEJAS

Cabe recordar que el conocido como 'caso Edu' en sus diferentes fases dio lugar a 16 procedimientos que se repartieron a los seis juzgados de la capital de Almería. De estos, al margen de los que han derivado en archivo, se han declarado como causas complejas para prolongar la instrucción durante 18 meses las que afectan a Hostelería y Formación Indalo SL y a Centro de Formación Indalo SL.

Estos se siguen en los juzgados de instrucción 6 y 5 de Almería, respectivamente, y tienen una instrucción compleja ya que la investigación para determinar si se produjo ilícito penal requerirá "el análisis de una abundante documentación", según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

En el procedimiento contra Hostelería y Formación Indalo SL por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil están encausadas cinco personas, y se ha tomado declaración en calidad de testigos a otras tres.

Además, se libró oficio al SAE con ofrecimiento de acciones y para que cuantifique el importe de la subvención efectivamente percibida por la empresa y que se unan a la causa los expedientes administrativos correspondientes a los cursos que se investigan.

DIVISIÓN DEL CASO 'EDU' EN 16 PROCEDIMIENTOS

La división del caso 'Edu' entre los seis juzgados de instrucción de la capital llegó después de que Juzgado de Instrucción 4 de Almería resolviese en abril de 2015 que procedía desgajarla en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado de 15, ya que sólo asumió la que ahora sobresee, al Decanato para su reparto.

Los cinco juzgados de Instrucción sobre los que recayeron los procedimientos plantearon cuestión de competencia ya que consideraban que las "irregularidades constatadas" tenían todas "un mismo origen en el Servicio Andaluz de Empleo" y, por tanto, existía una "conexidad procesal" si bien la Audiencia Provincial falló en cada una de ellas y de forma sucesiva dando la competencia a los órganos que habían impugnado la decisión.

Por su parte, la Junta, personada en la causa como acusación particular, recurrió al entender también que los delitos que se investigan tienen "conexión entre sí" y, por tanto, pueden ser instruidos en "un único sumario".

Argumentó, asimismo, que abrir hasta 16 procedimientos en ese momento podría "dificultar la averiguación de los hechos, y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia" y abogó, en todo caso, y en aras de "facilitar las actuaciones", por tramitar "piezas separadas por cada una de las empresas o de los funcionarios investigados".

En su impugnación, advertía, asimismo, del "peligro" del dictado de "resoluciones contradictorias" y señalaba que "podría darse el caso" de que unas "mismas autoridades y/o funcionarios se encontrasen simultáneamente imputados o desimputados por unos mismos hechos". "Y ello en 15 sumarios y causas distintas", apuntillaba.

La jueza que desglosó lo actuado fundamentó su decisión en que no existe "relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades a las que se refieren los presentes autos", ni tampoco "entre las personas responsables de las mismas e imputadas por estos hechos".

Consideró así que no había "razón alguna" que aconsejase "continuar el trámite en un único procedimiento". "Antes bien por el contrario, se estima procedente la tramitación de un procedimiento separado por cada una de las mercantiles y sus correspondientes responsables para evitar la complejidad innecesaria de la causa y la indebida dilación de la misma", según ahondó.

Las pesquisas explotaron en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta de edil y se dio también de baja del partido.

En concreto, la Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas en 2010 y 2011 con cargo a la partida 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas de una persona vinculada a una empresa de Jaén.