En un comunicado, esta formación solicita "de manera inmediata, el cese de Agustín Morón como portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas", recordándole que tiene "un código ético que cumplir y debe dar cuentas a la organización de su partido, por una imputación en un supuesto delito de chantaje y extorsión". Además, Sí Se Puede Dos Hermanas requiere que el Grupo popular "haga lo correspondiente con su edil Luis Paniagua, quien ostenta además el cargo de presidente de las Nuevas Generaciones del PP" en Andalucía. Igualmente, la formación insiste en la necesidad de crear "una comisión informativa para esclarecer los hechos" investigados.

A través de un auto recogido por Europa Press, el juez Óscar Rey ha ordenado la comparecencia "en calidad de investigados" de Luis Alberto Paniagua, Agustín Morón y Emilio Maya, el día 23 de mayo. En el caso de los dos populares, Alberto Paniagua y Emilio Maya, el juez señala "los testimonios que sitúan a los mismos hablando antes de las elecciones de la existencia del video (que muestra a Manuel Varela consumiendo drogas) y de poder utilizarlo en contra de Varela".

En cuanto al concejal socialista Agustín Morón, el juez instructor considera en este auto que "pudiera estar implicado en los hechos", lo que "puede deducirse aparentemente del tráfico de llamadas existente entre el mismo y José Luis Olivares (también investigado en las diligencias), pues puede apreciarse que el día de los hechos existe un número elevado de llamadas entre ambos, concretamente 15 llamadas".

EL "CHANTAJE" DE DOS HERMANAS

En concreto, Varela anunciaba a primera hora del domingo 24 de mayo de 2015, día de la jornada electoral, su decisión de renunciar como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Dos Hermanas por motivos "personales y familiares".

Al día siguiente elevaba una denuncia al Juzgado de Instrucción número siete de Dos Hermanas, a cuenta del "chantaje y las coacciones" que motivaron su renuncia. En su denuncia, Varela exponía que pocos días antes de empezar la campaña, fue avisado de la existencia de un vídeo que le comprometía "a nivel personal y particular", tratándose de "un vídeo" que mostraba imágenes de él consumiendo drogas y que podía "ser publicado".

El 23 de mayo, día de la jornada de reflexión, le habrían avisado de la posible llegada del vídeo a "medios nacionales" de comunicación, toda vez que el PP y el PSOE eran "conocedores" según Varela de la existencia de ese vídeo. Respecto al vídeo, exponía Varela en su denuncia que "efectivamente" muestra imágenes suyas "de perfil" y "consumiendo una raya de cocaína", un vídeo grabado con la presencia de dos "concejales salientes del PP".

"UNA EMBOSCADA"

"El vídeo está hecho con una cámara fija en una escena totalmente preparada. Una emboscada sin mi conocimiento", exponía Varela en la denuncia. En la misma, narraba que reclamó a quien le mostraba el vídeo que le indicase "qué hay que hacer para que no salga el vídeo y no se publique", con la respuesta de que lo que debía hacer era la "retirada de candidato o candidatura", bajo la amenaza de la posible "difusión masiva del vídeo".

A cuenta de la denuncia de Varela, el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas emprendió una investigación sometida al secreto de sumario durante varios meses. Después de levantar el secreto de Sumario, y a través de un auto recogido por Europa Press, el juez Óscar Rey citaba en calidad de investigados al expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer, al periodista local José Luis Olivares y a Francisco Javier Romero, quien habría funcionado como persona "interpuesta" en las citadas coacciones.

Según su auto, de la investigación se desprende que la grabación del mencionado vídeo habría sido realizada "en el despacho profesional de Manuel Alcocer, así como en la casa de campo de éste", dado que existirían dos grabaciones. En cuanto al periodista local José Luis Olivares, el juez sospecha de su "posible participación" en los hechos", porque "es quien habla con el denunciante, le exhibe el vídeo y le transmite la amenaza", actuando presuntamente "como intermediario o mensajero" en una labor "mucho más allá" de la periodística.

COMO UN "GRUPO DELICTIVO"

En su auto, el juez instructor detalla que la investigación ha revelado que las "tres llamadas" recibidas en el teléfono móvil de José Luis Olivares con las "amenazas e instrucciones" para que Varela renunciase a su candidatura procedieron de una tarjeta de prepago "adquirida por César Martínez", a instancias supuestamente de Francisco Javier Romero Sánchez, toda vez que un informe policial previo señalaba sobre este aspecto un "modus operandi habitual de los grupos delictivos", al mediar la adquisición de una tarjeta prepago mediante "personas interpuestas, generalmente extranjeros en situación irregular o pequeños delincuentes".

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