La iniciativa fue presentada el pasado mes de octubre por Podemos y tras su paso por la Comisión de Economía y la aprobación de 10 enmiendas de PSPV, Compromís y Podemos, cinco del PP y cuatro por aproximación, ha recibido la luz verde del pleno, con el apoyo de todos los grupos menos el PP, que ha votado en contra al considerar que crea "inseguridad jurídica" y choca con la ley de protección de datos, tal y como apuntó el Consell en su criterio sobre esta norma.

La ley contempla 9 meses para su entrada en vigor y establece que dentro de este plazo se elaborará un estudio de impacto en el derecho a la protección de datos personales que establezca los supuestos en los que la publicación de la información pueda afectar a este derecho, y apunta que en el caso de que choque, la información se publicará de manera anónima.

El diputado de Podemos David Torres ha indicado que se trata de un "complemento indispensable" de la Ley de Transparencia para garantizar el derecho de la ciudadanía de fiscalización de las cuentas públicas tras una gestión "oscura y clientelar" del PP.

Por su parte, el socialista José Muñoz ha celebrado que se vaya a poder realizar un control "con luz y taquígrafos" y mejorar así la rendición de cuentas a la ciudadanía, "hambrienta tras 20 años de opacidad y corrupción".

Desde el PP, Rubén Ibáñez ha dicho que el criterio "demoledor" del Consell respecto a esta "miniley" planteada por Podemos, pese a ser positivo, señalaba que era más coherente desarrollarla como reglamento, que choca con la ley de protección de datos, es "un amasijo redundante de normas, poco oportuna, no está acreditado que no tenga coste y vulnera la legislación". "Lo dice el gobierno y lo dice el PP", ha indicado el diputado, que ha reprochado el "abuso de estas proposiciones para tapar la inactividad legislativa del gobierno".

Asimismo, ha criticado que el estudio sobre el impacto en el derecho a la protección de datos se haga tras la aprobación de la norma. "¿No sería más lógico que se hiciera antes?", se ha preguntado, para cuestionar qué ocurrirá si esos informes son negativos. Además, ha criticado que en el plazo para llevarlos a cabo se especifique que agosto se considere inhábil: "La transparencia, en agosto que no la busquen, está cerrada".

El diputado de Ciudadanos David de Miguel ha explicado que, aunque su grupo se abstuvo en la toma en consideración de la propuesta, ahora el texto ha mejorado y aunque no es perfecto, introduce "mayor transparencia, mayor calidad democrática" y merecía su apoyo.

Por parte de Compromís, Marian Campello ha destacado que a partir de ahora la ciudadanía podrá conocer los pagos de la administración, los conceptos y quién los cobra, generando "transparencia de calidad" tras gobiernos del PP "condenados reiteradamente por opacidad".