Según han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta declaración inicialmente prevista para este viernes se ha retrasado hasta esa fecha, al igual que la del resto de citados en estos días. Concretamente, las declaraciones se realizarán del 21 al 24 y del 28 al 29 de junio.

Además de Eduardo Muñoz, entre los investigados se encuentran José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo; Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, y José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE, que hace unos días compareció ante la comisión del Parlamento, y técnicos de la Delegación.

Según señalan desde el TSJA, este retraso estaría motivado por el análisis por parte del juez del recurso elevado por la Junta de Andalucía, después de que éste declarara responsable civil subsidiaria de este presunto fraude al Gobierno andaluz, forma en la que el magistrado resolvió la personación de la Junta en este procedimiento, una vez que la propia Administración pidiera personarse en la misma.

A su vez, cabe recordar que este mismo ordenó a la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizar un informe de la situación patrimonial de los investigados.

Estas detenciones se llevaron a cabo tras el análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la 'Operación Edu'. Estos agentes investigaron las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Dicha resolución recoge partidas destinadas a 129 entidades que ascienden a cerca de 12 millones de euros. Estas subvenciones van desde los 12.000 euros la más baja, hasta los 311.025 euros la más alta. Hay entidades de todo tipo y también 14 ayuntamientos de municipios onubenses.

Según relata el BOJA, estas subvenciones se concedieron "con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía". Está firmada por el detenido José Martínez Iglesias como Secretario General de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo.

Fruto del estudio de estas subvenciones, los investigadores de la Policía acusan a los detenidos de haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de Prevaricación y Malversación de caudales públicos.