Hacienda Las Cuevas, propietaria de los terrenos de Jaén donde Bogaris ha anunciado el centro comercial Santo Reino, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Lo hace al entender que se incluye "de forma ilícita" el ámbito SURO-6, donde está previsto el centro comercial Jaén Plaza que promueve Alvores.

En rueda de prensa y acompañado por Antonio Sena en representación de la citada mercantil, su abogado, Francisco Romero, ha expuesto los motivos que han llevado a plantear el recurso con fecha 21 de abril, dentro del plazo legal de dos meses una vez que la revisión del planeamiento se publicó definitivamente en BOJA el pasado 24 de febrero y después de que el Ayuntamiento hiciera "oídos sordos" a sus posicionamientos en la fase de alegaciones.

Se ha interpuesto, en concreto, con relación al SURO-6 donde se pretende implantar el 'Jaén Plaza' y "entendiendo que la inclusión de este ámbito se ha producido de forma ilícita y se podía haber hecho, incluso, en fraude de ley". Se basa para ello, en el convenio urbanístico que Hacienda Las Cuevas -propietaria del suelo en el SURO-5, en Vaciacostales- firmó en 2010 con el Ayuntamiento, donde se acordaba dotar a este sector "de uso pormenorizado de gran superficie minorista dentro del uso terciario".

El Consistorio, además, "se comprometió a no calificar ningún otro sector" con este uso, que es el que "habilita para un centro comercial" y la mercantil "abonó 1.262.000 euros a las arcas municipales". Romero ha recalcado que esta "cláusula de exclusividad" no obedece "a ningún criterio monopolístico o trato de favor", sino a que la autorización de centros comerciales por parte de la Junta "analiza la densidad poblacional del municipio y su entorno" y, dada la de Jaén, posiblemente "sólo un centro va a tener cabida por lo menos en su futuro relativamente inmediato".

A pesar de ello, desde el Ayuntamiento se abordó la calificación del SURO-6, que "parte de un convenio urbanístico que en su día se suscribió con otra mercantil, Alvores" y que, actualmente, "ni siquiera está vigente", ya que "supeditaba la eficacia a la declaración de nulidad previa que se debía que hacer de otro convenio" previo en este mismo sector, el de la Ciudad Sanitaria, algo que no se ha producido.

"Prescindiendo de esa declaración de nulidad, que el Ayuntamiento inició y no consiguió por la oposición de los propietarios firmantes del primer convenio, ha procedido a recoger las determinaciones que tenía el convenio firmado con Alvores y que carece de vigencia en el Plan General. Por eso entendemos que se ha producido una aprobación en fraude de ley", ha incidido.

"IRREGULARIDADES"

A ello ha sumado otras "irregularidades", como una posible vulneración en materia de contratación pública, puesto que en ese convenio se "procedía a adjudicar a Alvores la ejecución de obras a cambio de una prestación económica que tenían que haber satisfecho" al Consistorio.

Tampoco observan "elemento objetivo" que justifique por qué la Administración local "decide incumplir no ya uno, si no dos convenios urbanísticos previos" que podrían poner "en riesgo las arcas municipales" por una reclamación de la responsabilidad patrimonial, y firmar "uno nuevo con Alvores, una mercantil de reciente aparición".

En este sentido, ha señalado que "con un capital social de apenas 6.200 euros" la solvencia económica de la firma almeriense "está muy por acreditar" y, además, "ni siquiera es propietaria de los terrenos" sobre los que ha conveniado "ni ha aportado dinero, porque lo ha cambiado por una ejecución digamos mal adjudicada de obras". En este escenario, ha subrayado que "no está sujeta para nada a la consecución del proyecto" y "puede abandonarlo en cualquier momento sin que se le suponga ninguna consecuencia económica".

OSCURIDAD

"Resulta cuanto menos oscuro o poco transparente, el actuar de la administración cuando, además, vemos que se ha convertido en paladín de este proyecto hasta el punto de que hace prácticamente de propulsor de la campaña publicitaria", ha señalado el abogado, quien ha añadido que sus representado "no están dispuestos a permitir estas situaciones" y por ello han decidido recurrir al TSJA sin descartar "actuaciones judiciales de más envergadura o contundencia".

De momento, según ha aclarado, "la interposición del recurso por si sólo no lleva aparejado la suspensión" del proyecto del Jaén Plaza, si bien ha matizado que a lo largo del procedimiento barajarán la posibilidad solicitar la paralización como medida cautelar. Al hilo, ha apuntado que se siguen avanzando en la tramitación y, por ejemplo, está previsto que en el pleno de este miércoles se aborde el levantamiento de la suspensión que pesa sobre SURO-6 "por una serie de determinaciones de medio ambiente" que todavía no se habían cumplido.

Romero ha comentado que, incluso si se da el visto el bueno a ese levantamiento necesario para seguir la tramitación del Jaén 'Plaza', "el procedimiento de un centro comercial es mucho más largo". "No sé cuáles son las intenciones de Alvores y del Ayuntamiento", ha afirmado para agregar que la construcción "pueda empezar físicamente no es posible", ya que, "como para cualquier obra, necesitan una licencia", y ésta de un proyecto previo que deberá aprobarse en una junta de compensación".