Un juzgado de Moguer (Huelva) ha condenado a un hombre al pago de 30.000 euros —28.719 euros en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Andalucía por los daños causados y 1.350 euros de multa— por un delito leve de usurpación-distracción de aguas públicas al realizar obras para disponer de dos pozos en una finca de su propiedad, ubicada en un paraje del entorno de Doñana, en el término municipal de Moguer.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, este paraje colinda con suelo forestal catalogado como zona A del Plan de Ordenación del territorio del ámbito de Doñana (POTAD), y el juez considera que el condenado, con intención de asegurar el riego de la parte de la finca destinada a la plantación de fresas —27 hectáreas—, realizó, sin permiso ni autorización, "obras para disponer de dos pozos a cielo abierto con autobomba, sumergible y sin contador de caudal".

A través de los mismos, consiguió extraer casi 120.000 metros cúbicos de agua subterránea entre las campañas freseras de 2010 y 2014, sin que conste el pago de ninguna por ello y con un beneficio económico de 28.719, cantidad que el juez le obliga a pagar, en esta caso, a la Consejería de Medio Ambiente, así como al sellado de estos pozos.

Estas infraestructuras están conectadas con unas tuberías a una balsa de riego construida ya en 2004 y la finca se abastece además de agua superficial suministrada por la Comunidad de Regantes del Fresno desde 2010.

Según reza en la sentencia, el condenado señaló en juicio que no tenía contadores en los pozos, cuestión que también comprobó la Guardia Civil en la propia finca. A su vez, el juez destaca "un sospechoso aumento progresivo por campaña" del consumo de agua de la comunidad de regantes, a medida que fue dejando de sacar paulatinamente agua de los pozos.

Una disminución de extracción que viene dada, en relación directa, con el progresivo aumento de la apertura de expedientes sancionadores a este hombre y a otros agricultores de la zona; de las visitas y control por parte de la Guardia Civil y de las denuncias de la Fiscalía de Medio Ambiente.

A su vez, el juez recoge en la sentencia que el condenado reconoció ante la Guardia Civil, y así consta en acta, "el uso de los pozos de manera puntual para dar caudal a unas cuatro hectáreas en época de primavera".