Las protesta vecinales han dado sus frutos. Ayer, la Delegación del Gobierno en Extremadura anunció que intensificará la presencia de la Guardia Civil en Santa Marta de los Barros para controlar el asentamiento de cerca de 1.000 temporeros, que desde hace semanas permanece en el pueblo.

Así lo anunció hoy la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, en rueda de prensa, tras reunirse en Badajoz con el alcalde, Jorge Vázquez, y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mitigar un problema que, dijo, desborda a la población pacense.

Los vecinos de Santa Marta de los Barros contarán a partir de ahora con la presencia de un mayor número de efectivos de la Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana en las calles y locales comerciales del municipio ante el elevado número de ciudadanos rumanos llegados en las últimas fechas.

Malestar entre los vecinos

El alcalde del pueblo y los vecinos se quejaban que desde la llegada de estos trabajadores, rumanos y portugueses, el número de denuncias por robos y hurtos había subido a cinco al día.

Según Pereira, la Delegación Gobierno ha constatado la existencia de asentamientos en diez poblaciones de la provincia de Badajoz, pero en todos los casos la concentración de inmigrantes no supera el centenar de personas salvo en el caso de Santa Marta, donde conviven entre ochocientos y mil temporeros.

Estos ciudadanos, de etnia gitana y procedencia rumana y portuguesa, llegan cada año a España para trabajar como temporeros en los procesos de recogida de la uva, que comenzarán en los próximos días en los campos de la comarca de Tierra de Barros.

Junto al problema de la inseguridad ciudadana, la Delegación del Gobierno ha identificado posibles casos de contratación ilegal de trabajadores por parte de empresarios agrícolas, de manera que se pondrá en marcha una campaña de inspecciones laborales para garantizar los derechos de los trabajadores.

El campamento de los temporeros rumanos y portugueses se encuentra ubicado en un terreno de titularidad privada, por lo que se ha establecido el contacto con sus propietarios para iniciar los expedientes de desahucio, que no se ejecutarán hasta que se dictamine por una orden judicial.

CONSULTA AQUÍ TODAS LAS NOTICIAS DE BADAJOZ