La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a los juzgados de Gijón la causa en la que investiga las irregularidades que presuntamente se produjeron en las obras de ampliación del puerto de El Musel, que fueron cofinanciadas con fondos europeos y en las que se habría producido un sobrecoste de 250 millones de euros.

La magistrada ha dictado un auto en el que se inhibir a favor de los juzgados de instrucción de Gijón al no apreciar "ningún elemento de conexión" que determine la competencia de la Audiencia Nacional.

Según argumenta, el perjuicio patrimonial no se ha producido en una generalidad de personas a lo largo del territorio nacional y la cuantía aparentemente defraudada es "relevante en el ámbito de una economía personal o familiar, incluso municipal, pero no en el ámbito de la economía nacional".

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 pone de relieve que la investigación se encuentra "muy avanzada", lo que "haría desaparecer" una supuesta necesidad de medios especiales. Añade que hasta el momento no se ha producido ninguna reclamación de las ayudas comunitarias por parte de Bruselas.

Rechaza archivar el caso

Lamela rechaza archivar las actuaciones que se siguen contra el exdirector del Puerto de Gijón José Luis Díaz Rato; el exresponsable de la Autoridad Portuaria Fernando Menéndez Rexach, y el que fuera alcalde de Carreño Ángel Riego, investigados a raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía por delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a Hacienda.

La denuncia se judicializó después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) remitiera en marzo de 2014 un informe en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en este proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón".

Según la resolución, el proyecto y la ejecución de las obras de 'Ampliación del Puerto de Gijón' adjudicado el 4 de enero de 2005 a la Unión Temporal de Empresas Dique Torres por 499.346.171 euros con un plazo de ejecución de 46 meses, fue modificado el 18 de diciembre de 2007 con un presupuesto de contrata de 830.165.909 euros, que supuso un incremento respecto al importe inicial de 250 millones de euros.

El Ministerio Público advirtió de la existencia de "irregularidades" tanto en el proceso de adjudicación como en los sistemas de gestión y control por parte de la adjudicataria de la subvención, la Autoridad del Puerto de Gijón.

"Los precios del material necesario para la ejecución de la obra aparecían notablemente infradimensionados en el pliego de prescripciones técnicas", señala el auto, en el que se advierte que también se pudieron elevar "artificialmente" las partidas del suministro del material pétreo.