La empresa Bogaris Retail, promotora del proyecto de Centro Comercial Torrecárdenas en los terrenos cuya reparcelación ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la vulneración de "distintos preceptos" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ha manifestado su interés en que se convoque "pronto" la junta de compensación con el fin de que los propietarios del suelo se ajusten las especificaciones marcadas por el fallo judicial para así poder comenzar la construcción del centro comercial.

Fuentes de la empresa han explicado a Europa Press que existe una "buena disposición" para "arreglar este asunto", de forma que, según sus previsiones, las obras que fueron adjudicadas a la empresa Ferrovial a principios de año y cuya primera piedra se puso en diciembre podrían comenzar "en dos o tres meses".

En este sentido, desde la compañía han apuntado que el inicio de obras se encontraban pendientes de salvar este "penúltimo" escollo, si bien una vez que se acceda a una nueva reparcelación del terreno para "dar cumplimiento" a la sentencia se espera que la actuación puedan comenzar a mitad del verano.

Con esto, la compañía ha destacado su "disposición" junto con el Ayuntamiento a resolver esta cuestión, en la que se siente como una "perjudicada". Cabe recordar que el fallo de la Sección Cuarta del Alto Tribunal andaluz estima el recurso de apelación interpuesto por Bryo Consultores contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Almería, que sí avaló la reparcelación.

El último pronunciamiento sobre el que no cabe recurso hace alusión a la adjudicación de suelo con uso terciario y su monetarización que, tal y como se explica en el citado proyecto, establecía que correspondía al Ayuntamiento, "en su calidad de administración actuante y en virtud de la cesión del 15% acordada en el Convenio Urbanístico de 2006, 42.225 unidades de aprovechamiento, que se desglosaron en 24.450,00 unidades de aprovechamiento de uso terciario y 21.618,25 unidades de aprovechamiento de uso residencial VPO".

La sentencia señala que esto se estableció pese a que la Cláusula Quinta del Convenio Urbanístico de 2006 preveía que las 24.450,00 unidades de aprovechamiento de uso terciario, equivalentes a 24.450,00 metros cuadrados, fueran sustituidas por su equivalente en metálico a satisfacer por la mercantil Commercia a razón de 252 euros por metro cuadrado.

El recurrente alegó para impugnar el proyecto de reparcelación que este hecho vulnera el artículo 54.2.b) de la LOUA por dos razones: primera, porque se asigna al Ayuntamiento de Almería aprovechamiento de uso terciario existiendo aprovechamiento VPO disponible y, segunda, porque la monetización de ese aprovechamiento de uso terciario no estaba prevista en el instrumento de Planeamiento.

El tribunal considera que el motivo esgrimido debe estimarse porque de la redacción del artículo de la LOUA se desprende "de forma clara" que en relación con las cesiones a la administración correspondientes a su participación en las plusvalías, existen dos reglas. La primera pasaría porque "tales cesiones sólo pueden ser sustituidas por su equivalente en dinero cuando el instrumento de planeamiento prevea tal posibilidad y, además, dicha sustitución se justifique mediante resolución motivada"; y la segunda haría referencia a que las cesiones "deben hacerse en suelo destinado a VPO siempre que exista disponibilidad del mismo".