El Gobierno regional ampliará de 12 a 16 los posibles días de apertura de los negocios en días festivos y suprimirá la licencia autonómica para la apertura de comercios, lo que reducirá de media nueve meses los trámites para su puesta en marcha, al tiempo que sustituirá la autorización en industria por la declaración responsable, lo que supone una reducción de cuatro meses en los plazos de espera y permitirá a las nuevas empresas empezar a funcionar "al día siguiente".

Así aparece recogido en el decreto-ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y la supresión de cargas burocráticas para generar más inversión y empleo que ha sido presentado este miércoles por el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, y que será remitida a la Asamblea Regional en el plazo de un mes.

La libertad de horarios, ampliando la posibilidad de apertura en días festivos, va a permitir según Sánchez "incentivar la demanda y estimular el consumo", mientras que la supresión de la licencia autonómica para la apertura de comercios hará que solo sea obligatoria la obtención de la licencia municipal, lo que reducirá los trámites y "dará mayor agilidad".

La supresión de las cargas burocráticas en industria, sustituyendo la autorización por la declaración responsable a partir de esta misma semana, supone reducir los plazos de espera "en cuatro meses para empezar a funcionar en 24 horas, al día siguiente", lo que el Gobierno regional estima que afectará a unos 50.000 expedientes. Se trata, por ejemplo, de negocios como restaurantes equipados con cámara frigorífica, ha puntualizado Sánchez.

Asimismo, este decreto-ley eliminará la licencia municipal previa de funcionamiento de actividad, un trámite que duraba hasta seis meses y que afecta al 90 por ciento de las empresas, a las que a partir de ahora les bastará con la presentación de la declaración responsable, algo que supondrá solo 24 horas.

Por ejemplo, un bar con cocina, una carpintería de aluminio o un taller de automóviles podrán ponerse a funcionar solo con una declaración en la que asumen por escrito que cumplen la legislación vigente", algo que la Administración supervisará posteriormente, ha avanzado el presidente.

El Gobierno regional también se propone eliminar el doble registro de licencias para las compañías agroalimentarias, que antes debían entregar la misma documentación en los registros de dos consejerías —la de Agricultura y la de Industria—. A partir de ahora, solo tendrán que depositar la documentación en la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, eliminando esa duplicidad.

Este decreto-ley también contempla la apertura de la Oficina para la defensa de la pyme, que se encargará de arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre la administración y los autónomos o empresarios durante la apertura de los negocios. Este organismo prestará asesoramiento y ayuda a los empresarios, dando respuesta a sus quejas en un plazo máximo de diez días.

De la misma forma, el Gobierno regional quiere mejorar las condiciones para apoyar más proyectos en la Unidad de Aceleración de Inversiones, que es un programa del Instituto de Fomento (INFO). El decreto-ley da más facilidades para la implantación de proyectos, disminuyendo las exigencias. Así, si antes debían de crear al menos 15 puestos de trabajo y conllevar una inversión de 600.000 euros, ahora se exigirán diez empleos y 400.000 euros de inversión.

Eliminación de trabas medioambientales

En cuanto a la eliminación de "trabas medioambientales", la Administración regional las ha identificado en tres grupos de actividades de incidencia medioambiental "alta, media o baja", estableciendo medidas diferentes para cada una de ellas.

En lo que respecta a las actividades económicas que se consideran con incidencia medioambiental alta, incluyen unas 500 empresas actualmente en la Región. Para ellas, el decreto-ley "simplifica el procedimiento adaptándolo a la normativa estatal, sin añadir requisitos adicionales regionales, ya que se entiende que ofrece garantías suficientes".

En cuanto a las actividades con una incidencia ambiental media, que afectaría a unas 2.800 empresas en la Región, el decreto-ley contempla abandonar la autorización ambiental única, separando la solicitud de licencia municipal, que vuelve a realizarse directamente ante el ayuntamiento, reduciendo el plazo en torno a seis meses.

El resto de actividades catalogadas con una incidencia medioambiental baja incluirían al 90 por ciento del total de las empresas de la Región, que a partir de ahora solo deberán presentar también una declaración responsable.

Trámite parlamentario

Al ser preguntado por el trámite en la Asamblea Regional y la postura que adoptarán el resto de grupos parlamentarios, Sánchez ha explicado que esta medida "tiene garantizado el apoyo de la sociedad" porque no se trata de un decreto "solo del Gobierno, sino de los que crean empleo en la Región".

"Podemos, PSOE y Ciudadanos van a tener que volver a votar y, además, dedicar un espacio de la Asamblea a cuestiones que le preocupan a los ciudadanos de la Región y que ocupan al Gobierno murciano; ellos sabrán", ha aseverado.

En resumen, Sánchez ha destacado que, con este decreto-ley, cumple su compromiso electoral y lo que prometió en su discurso de investidura. Además, cree que el Gobierno regional "intenta con estas decisiones convertir a la Comunidad de Murcia en el espacio de mayor libertad económica, de más oportunidades y, sobre todo, de más empleo".

A su juicio, se trata de las "mejores medidas y herramientas normativas que ayudan a crear empleo estable y de calidad en la Región de Murcia" que, al final, "es lo más importante para el Gobierno autonómico". Y es que este tipo de medidas "generan confianza y estimulan la creación de empresas, convirtiendo a la Región en un espacio más atractivo para invertir".

Sánchez ha considerado que, con este decreto-ley, el Gobierno regional "sigue avanzando" en sus objetivos económicos para esta legislatura, que prevén que la población ocupada supere las 600.000 personas; bajar la tasa de paro por debajo del 15 por ciento; que la población cualificada aumente por encima del 35 por ciento; y reducir la temporalidad en el empleo por debajo del 30 por ciento.

Para la elaboración de estas medidas, el Gobierno regional realizó en primer lugar una auditoría de los procedimientos, escuchando a los colectivos afectados e identificó los trámites y trabas que se podían simplificar o eliminar, cuantificado el ahorro de tiempo que implicaban y evaluando su repercusión en la creación de empleo.

Ha remarcado especialmente el diálogo con CROEM, que ha sido "constructivo" y ha permitido "mejorar el texto inicial", aunque ha puntualizado que el diálogo sigue abierto y "podemos seguir avanzando en otras iniciativas, como en el plan para identificar las fortalezas del comercio minorista en la Región".

Esta acción, que se enmarca en el programa 'Región de Murcia, libertad económica', tiene como objetivo modificar procedimientos para simplificarlos al tiempo que se garantiza el nivel de protección jurídica y ambiental.

El decreto-ley se articula en cinco líneas: dinamización del comercio minorista; reactivación del sector industrial a través de la simplificación y supresión de cargas burocráticas; agilización en la tramitación medioambiental; turismo de calidad y medidas trasversales para la tramitación prioritaria de proyectos empresariales de importancia en la unidad de aceleración de inversiones, medidas de conciliación entre empresarios y administración en la oficia de defensa del autónomo y pyme y en la tramitación de acciones en el ámbito laboral.