El Gobierno andaluz ha valorado este lunes la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de incoar diligencias previas contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, como un "trámite que entra dentro de la normalidad" tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía por posibles irregularidades en la contratación del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius) durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras y ha defendido la necesidad de "respetar los tiempos judiciales".

Así lo han expresado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico tras conocerse que la Sala Civil y Penal del TSJA se declara competente para investigar la denuncia dirigida contra Ramírez de Arellano por hechos en los que habría participado durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Hispalense a raíz de una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla.

"Después de una denuncia de la Fiscalía, el inicio de diligencias por parte del TSJA es un trámite y entra dentro de la normalidad", han señalado las mismas fuentes, que han defendido que "lo que corresponde a todos es respetar los tiempos judiciales".

"ya ha dado todas las explicaciones"

En la misma línea, las fuentes consultadas por Europa Press han recordado que tanto el propio Arellano como la Universidad de Sevilla "ya han dado todas las explicaciones" acerca de un "asunto de la época en que era vicerrector y que es una disputa administrativa entre el Colegio de Arquitectos y con los servicios técnicos y jurídicos de la propia Universidad".

La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía se produjo después de la denuncia que interpuso el 27 de marzo de 2015 el Colegio de Arquitectos de Sevilla, tras lo que la Fiscalía hispalense inició una investigación que cesó en junio, cuando fue nombrado consejero y adquirió la condición de aforado, por lo que la Fiscalía Provincial tuvo que inhibirse en favor de la Fiscalía Superior.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía Superior el pasado 31 de marzo, el propio Ramírez de Arellano negó la existencia de prevaricación administrativa con respecto a posibles irregularidades en contratos de la Universidad de Sevilla cuando era vicerrector de Infraestructuras y expresó su confianza en la justicia pidiendo además "respeto" a la tutela judicial y la presunción de inocencia.

Por su parte, la Universidad de Sevilla ha expresado este lunes su "máximo respeto" a las actuaciones judiciales adoptadas por el TSJA, que encuadra dentro de la "normalidad procedimental" de la causa investigada, así como su "satisfacción" por el pronto inicio del ordenamiento de diligencias previas, "entendiendo y esperando que ello provoque una rápida y adecuada actuación que esclarezca los hechos investigados".