El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha abierto paso para que el que fuera director de Deportes del Consell de Mallorca Antoni Palerm se siente en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de fraude a la administración, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y prevaricación por adjudicar contratos a empresas con las que estaba vinculado mientras formaba parte del consorcio para la construcción del velódromo palmesano.

Castro ha puesto de este modo fin a la instrucción de la pieza separada número 15 de la causa y da paso a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía balear para que formulen sus escritos de acusación, en los que deberán solicitar la apertura de juicio por estos hechos o, por el contrario, instar el archivo de las pesquisas.

En el auto que ha dictado Castro para transformar las pesquisas a procedimiento abreviado, el magistrado señala cómo, al "muy poco tiempo" de ser nombrado miembro de la Junta Rectora del Consorcio, la empresa 'Tubos i Bloques Fiol SL' entró en funcionamiento con Palerm como consejero de la misma y un 10 por ciento de participaciones.

Es más, el juez afirma que la mercantil llevó a cabo durante los años 2006 y 2007 trabajos como proveedora de la UTE encargada de la construcción de la infraestructura -integrada por FCC y Melchor Mascaró-, a la que suministró material por importe de 804.609 euros. La primera de las facturas se emitió veinte días después de su nombramiento.

Según la resolución judicial, también en los mismos ejercicios Palerm desempeñó el cargo de administrador único de la empresa 'Materiales para la Construcción Palerm', que facturó a la misma UTE, durante la ejecución del Palma Arena, un total de 35.296 euros.

Castro ha cerrado así otra pieza más de las 28 en las que se divide la causa. Entre ellas, contra Jaume Matas por la adjudicación presuntamente ilegal de las obras y la aprobación de un presupuesto de 46,4 millones de euros para la construcción del velódromo -pieza ocho-, así como por auspiciar la contratación 'a dedo' de los arquitectos que se encargaron de dirigir los trabajos y quienes acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros por hacerse cargo del considerado proyecto estrella de la última legislatura de Matas -pieza nueve-.