El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los comisionados independientes de las Comunidades Autónomas han avanzado este jueves en la metodología homogénea a seguir para que las administraciones públicas puedan medir la implatanción de la Ley de Transparencia en sus territorios.

Este mecanismo ha sido presentado por la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) en una reunión a la que han asistido la presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, los representatnes de los nuevos organismos independientes —creados por las Comunidades Autónomas— y con competencias transferidas en materia de transparencia y acceso a la información y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Esta herramienta homogénea "será propiedad" de todos los organismos que controlan el cumplimiento de la Ley y de todas las comunidades que lo deseen con el fin de hacer "un seguimiento y una medición interna", ha explicado la presidenta de AEVAL, Ana María Ruiz. Además, se ofrecerá también a los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y organismos a través de los cauces señalados por la Ley.

Asimismo, ha afirmado que dicho mecanismo comenzará a utilizarse en los próximos meses para "contar con una radiografía homogénea, elaborada con los mismos parámetros en toda España, de la implantación de la transparencia en las distintas administraciones públicas españolas y sus organismos".

No todas las ccaa han creado organismos independientes

Según ha informado el Consejo de Transparencia en un comunicado, todas las comunidades están "aplicando con normalidad" la Ley, aunque, ha señalado, que el problema de implantación de la normativa es mayor en las poblaciones menores, "con escasa capcidad de gestión en muchos casos y con dificultades para implantar la vía electrónica".

De hecho, todas las CCAA, incluyendo sus organismos dependientes, y las entidades locales están obligados a aplicar la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En este sentido, solamente Canarias, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana sí han creado un organismo específico de garantía de la transparencia. No obstante, Cataluña es un caso especial ha creado una Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública, pero ha atribuido las competencias de control en materia de transparencia al Sindic de Greuges.

Sin embargo, Castilla y León, Galicia y Madrid no han creado instituciones nuevas a este respecto sino que han confiado las funciones a órganos ya existentes. En el caso de Castilla y León, ha encomendado la función al Procurador del Común; en Galicia, a la Valedroa do Pobo; y en Madrid al Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

Además, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Principado de Asturias, La Rioja y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla no han creado un órgano nuevo pero han encomendado sus funciones al Consejo de Transparencia estatal.

En cuanto a Islas Baleares, Aragón, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra aún no han constituido sus instituciones respectivas a la transparencia, están en ese proceso.

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