El PP-A ha advertido este jueves del riesgo de incendio que sufren los expedientes originales sobre las ayudas a la formación que la Junta ha remitido al Parlamento para su estudio en la comisión de investigación y que se encuentran en estos momentos "apilados" en una sala "no ignífuga", en concreto, en la sala de Usos Múltiples.

Así lo ha indicado a Europa Press la portavoz del PP-A en la comisión de investigación, Teresa Ruiz-Sillero, quien ha apuntado que si a esta documentación le ocurriera algo, la responsabilidad sería del presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, que es quien ha "recepcionado" las cajas remitidas por la Junta.

La dirigente 'popular' ha explicado que la documentación se encuentra en una sala con moqueta, lámparas y con cristales al exterior que "no es segura" en caso de incendio. "Podría provocarse un cortocircuito o romperse un cristal y provocarse un incendio que haría que los papeles ardieran corriendo", ha señalado.

Ruiz-Sillero, que ha denunciado que la Junta está mandado información "indiscriminada" y no la que los grupos han pedido, ha indicado que los miembros de la comisión de investigación volverán a reunirse este viernes para tratar el asunto de la documentación, después de que no se llegara a ningún acuerdo en los encuentros anteriores.

El PP-A quiere que la Junta se lleve los originales y está dispuesto a renunciar a parte de la documentación solicitada si la administración autonómica envía la información "debidamente filtrada" y digitalizada. "No nos pueden mandar millones de folios que no queremos para nada", ha añadido la parlamentaria 'popular'.

Dicha reunión tendría lugar este viernes después de las comparecencias de Irene Sabalete Ortega y Juan Carlos Lomeña, exdelegados de Empleo de la Junta en las provincias de Jaén y Málaga, respectivamente, que comparecerán, a las 10,00 y a las 12,00 horas, ante la comisión de investigación.

Esta semana también han acudido a la comisión otros cinco ex delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

De los cinco exdelegados provinciales que han pasado por la comisión esta semana, tres de ellos se han acogido a su derecho a no declarar y tras realizar una intervención inicial en la que han rehusado responder las preguntas de los distintos portavoces parlamentarios.

Todos ellos han argumentado que sus abogados les desaconsejaban declarar al estar inmersos en una causa judicial y también han garantizado haber actuado en todo momento conforme a la legalidad.