Así lo ha indicado Bravo en las Corts ante la pregunta de la diputada de Compromís Isaura Navarro en relación a las gestiones que realizó el Consell cuando en 2013 recibió una denuncia que alertaba sobre "la falsificación de facturas por parte de la contratista de los aviones antiincendios a través de un holding empresarial y de la Fundación Medioambiental huerta de la Comunitat valenciana y otras irregularidades hoy investigadas" en el marco de la conocida como 'trama del fuego'

Navarro ha detallado que en octubre de 2013 se puso en conocimiento de la entonces Conselleria de Gobernación la existencia de facturas "amañadas", que posteriormente han derivado en la investigación judicial respecto a los contratos de aviones antiincendios y "en torno a (Serafín) Castellano y sus cacerías".

El denunciante pedía que el protectorado de fundaciones cesara a los patronos de la fundación, que se sometiera a una auditoría externa y su extinción, además de reclamar que se pusieran los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Tapar vergüenza

La diputada ha criticado que pese a que la denuncia ya estaba en manos de Gobernación, el entonces conseller Castellano acudió a las Corts "y negaba rotundamente que tuviera que ver con este empresario -en referencia a Vicente Huerta— y q mantenía con él la misma relación que con el resto de empresarios". Por ello, se pregunta "qué se hizo con esa denuncia" mientras "vinieron a negarlo todo y a tapar sus vergüenzas" en las Corts.

La consellera ha precisado que el escrito estaba dirigido al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat en el que se informaba de supuestas irregularidades y facturas falsas, adjuntando documentación al respecto y solicitando la extinción de la misma, entre otras medidas. Según ha dicho, el contenido del mismo se abordó "un año después", en septiembre de 2014 y se trasladó al denunciante que fuera él quien pusiera los hechos en conocimiento de quien considerase.

Ahí acabó la gestión, ha dicho Bravo, que ha detallado que el nuevo Consell ha requerido nuevamente a la Fundación que aporte documentación, explicitando que su no contestación supondrá que el Protectorado adopte las medidas que le corresponden dentro de su ámbito de competencia.