El Juzgado de lo Social número 6 de Santander ha declarado improcedente el despido de una agente de empleo y desarrollo local y delegada sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Astillero en octubre de 2015.

La sentencia, fechada el pasado 31 de octubre y dada a conocer por CCOO, estima que la trabajadora, que desarrollaba su actividad laboral en el mismo puesto desde 2005 y cuyo sueldo era cubierto en un 80 por ciento por el Servicio Cántabro de Empleo y el 20 por ciento restantes por el Ayuntamiento, no tiene un puesto temporal sino que es indefinida no fija y que la extinción de su contrato se ha llevado a cabo antes de su vencimiento temporal.

En un comunicado, CCOO ha valorado "muy positivamente" la sentencia y ha culpado a la actual corporación municipal (PRC-PSOE) de practicar una "nefasta" gestión tanto de los recursos humanos del Consistorio como de los recursos económicos.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) ha explicado que, al tratarse de una delegada de personal, la sentencia le permite optar a ser readmitida en las mismas condiciones en las que se encontraba el 31 de octubre de 2015, fecha del despido, y pagarle los salarios de tramitación desde el 1 de noviembre de 2015 o recibir una indemnización de 28.871,88 euros.

CCOO ha criticado a la Corporación local porque, si la trabajadora opta por recibir la indemnización va a suponer una cantidad "muy superior" al coste que habría tenido mantenerla durante varios años desempeñando su trabajo para el Ayuntamiento y al servicio de los vecinos de Astillero.

Para la FSC, "no es de recibo" que con el dinero de todos los ciudadanos de Astillero se lleven a cabo "purgas" para despedir a quienes "no son del gusto de la Alcaldía", sobre todo cuando ejercen sus funciones como representantes de los trabajadores.

Por ello, desde CCOO piden al alcalde, Francisco Ortiz (PRC), y a la Junta de Gobierno Local que "cesen en sus actuaciones contra los trabajadores y los delegados". Asimismo, les reclama que "dejen de tomar decisiones que, además de enturbiar las relaciones con los trabajadores, suponen un quebranto económico al Ayuntamiento".