La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha concedido a 435 familias con escasos ingresos de la provincia de Córdoba las ayudas que prevé para la rehabilitación de edificios residenciales destinadas a personas con recursos económicos limitados.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Córdoba, Josefina Vioque, quien ha explicado que este programa de ayudas, dirigido a comunidades de propietarios para financiar, tanto obras de conservación, como de mejora de la accesibilidad y de las condiciones de eficiencia energética de dichos inmuebles, "supondrá en la provincia cordobesa una subvención total de 689.015 euros".

Las ayudas concedidas, según ha detallado Vioque, corresponden a 23 solicitudes de comunidades de propietarios, "que han aportado toda la documentación acreditativa de las actuaciones subvencionables y cumplen todos los requisitos establecidos en la Orden de 28 de abril de 2015".

En este sentido, Vioque ha recordado que estas subvenciones atienden la instalación de ascensores en los edificios que presenten problemas de accesibilidad o familias que así lo necesiten, "una demanda que, con la merma de recursos económicos impuesta" por el Gobierno central, "desbordó las posibilidades financieras de la Junta de Andalucía y ahora retomamos para dar respuesta a los vecinos". El programa de ayudas cuenta con una dotación económica total de 13,6 millones de euros para toda Andalucía.

Las 23 comunidades de propietarios que recibirán las ayudas en la provincia cordobesa, según ha precisado la delegada, se localizan en la capital (21) una en Baena y una más en Lucena, y las actuaciones se llevarán a cabo en las zonas comunes de edificios plurifamiliares, pudiendo intervenir en las instalaciones, la cimentación y la estructura, así como en cubiertas y fachadas.

También se financiarán aquellas actuaciones encaminadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, entre las que se incluyen la instalación de ascensores o la colocación de rampas de acceso, así como la renovación de las redes de suministro.

En cuanto a los pasos a seguir, Vioque ha explicado que ahora cada comunidad de propietarios a la que se ha concedido la ayuda "deberá comenzar las obras en un plazo máximo de cuatro meses", desde la comunicación realizada por la Administración autonómica, la cual abonará la subvención en dos plazos: un 50 por ciento al inicio acreditado de las obras y el 50 por ciento restante tras la finalización de las obras. El periodo máximo para ejecutar las mejoras no podrá exceder de 16 meses, aunque dicho plazo podrá ampliarse excepcionalmente hasta 18 meses, cuando se trate de obras que afecten a 40 o más viviendas.

"Nos comprometimos con los vecinos —ha señalado— a hacer los esfuerzos necesarios para abrir líneas de ayudas destinadas a la mejora de edificios y, por tanto, a la instalación de ascensores y así lo hemos hecho", y aunque ha reconocido que no se podrán atender todas las demandas planteadas, también ha destacado que, desde la Junta, "hemos reabierto el camino para alcanzar el objetivo".

Familias sin recursos

Los beneficiarios de estas ayudas son comunidades de propietarios que presenten, al menos, un 50 por ciento de las unidades familiares con ingresos por debajo de las 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), unos 18.600 euros netos, aunque ese límite de ingresos puede ampliarse hasta los 26.678 euros, según las características familiares.

Además, los edificios deben tener una fecha de finalización anterior a 1981 y los vecinos acreditar que, al menos, el 70 por ciento de las viviendas están ocupadas y constituyen el domicilio habitual de sus residentes.

La orden establece la concesión de una cuantía equivalente al 35 por ciento del coste de las obras, pudiendo alcanzar el 50 por ciento cuando el objeto de las obras sea la mejora de la accesibilidad de las construcciones, estimándose una cuantía media por vivienda de 2.100 euros.

Las cuantías otorgadas pueden incrementarse en un diez por ciento cuando se trate de edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC), catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de protección urbanística correspondiente.