El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha subrayado este jueves que la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía por las posibles irregularidades —denunciadas por el Colegio de Arquitectos de Sevilla— en cuatro contratos para un edificio que costó 34 millones cuando él era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla es administrativa y ha lamentado que "se ponga en duda el buen nombre" de esta institución académica y de sus funcionarios.

El consejero de Economía ha respondido a dos preguntas, durante el pleno del Parlamento andaluz, sobre esa denuncia relativa a contratos firmados en 2008 y 2009, antes de su ascenso a rector de la US y, tras señalar su "máximo respeto" al informe de la Fiscalía, ha mantenido que éste tiene "inexactitudes" que "hubieran sido fácilmente aclaradas" si se les hubiera tomado declaración a los funcionarios o a él mismo. "Estamos todos disponibles tras un año de procedimiento", ha añadido.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP-A Jaime Raynaud, Ramírez de Arellano ha saludado que la actuación esté bajo tutela judicial y ha reiterado su disponibilidad para dar explicaciones pero ha mostrado su preocupación porque a algunos grupos políticos "no les interese conocer realmente este asunto sino generar una suerte de circo mediático".

En ese sentido, tras apelar al conocimiento del diputado 'popular', que también fue presidente del Colegio de Arquitectos, sobre la organización de la universidad y de las personas implicadas, ha dicho que le duele y no puede "tolerar" que se ponga en duda el "buen nombre" de la US y de sus trabajadores "sin haberles dado la oportunidad de ser escuchados".

"En este país hace tiempo que se acabó la Inquisición", ha dicho el consejero, que también ha reflexionado sobre que cuando decidió incorporarse al Gobierno andaluz "sabía que me convertía en material fungible de una guerra abierta en la que ya no se toman prisioneros" y que, si bien, a título personal eso le da "lo mismo", le preocupa "darles disgustos" a las personas que le aprecian.

En respuesta a otra pregunta, del PSOE, Ramírez de Arellano ha incidido en que en base a que se trata de un procedimiento administrativo no espera "ningún efecto" sobre el edificio afectado y ha recordado que el propio denunciante, el Colegio de Arquitectos de Sevilla, ha reconocido que se trata de un tema administrativo y, por ello, la vía para su causa es la contenciosa administrativa. "El Colegio de Arquitectos lo intentó por la vía administrativa y no le dieron la razón y después lo intentó por la penal pero por qué lo hizo por esta vía no lo sé", ha añadido.

PP:

Faltan explicaciones

Por su parte, el diputado 'popular' Jaime Raynaud no ha coincidido con el consejero en su disponibilidad a "dar cuenta" ni en que la Fiscalía considere este tema como "un mero asunto administrativo" porque "le acusa de ignorar la ley por la aplicación torcida del derecho" y porque, según sus palabras, "de su conjunto se desprende que la finalidad fue la adjudicación a del edificio a determinados arquitectos, sin justificación y sin que lo exija la urgencia alegada".

El parlamentario 'popular' ha insistido en reclamar al consejero "explicaciones inmediatas y contundentes" ya que "solo ha habido una mera declaración de refilón" y ha aludido al riesgo que para la llegada de fondos europeos puede tener este asunto, que se suma a otros también puestos en cuestión.

"injurias" del pp

Opinión muy distinta le ha merecido a la diputada del PSOE-A Noelia Ruiz la respuesta del consejero al considerar que éste "ha demostrado transparencia y que el Gobierno andaluz actúa con luz y taquígrafos", dando muestras de lo que realmente es "la nueva política".

La socialista ha pedido a los 'populares' que "no den lecciones" porque ellos "no colaboran con la Justicia ni aunque les lleven amarrados" y les ha acusado de "querer ganar con injurias lo que no consiguen en las urnas".