Primero fueron las multas a los bancos que no ceden pisos vacíos para alquiler social y ahora será el turno de las compañías de suministros básicos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado seste miércoles que el Ayuntamiento ha encargado los informes jurídicos necesarios para empezar a sancionar a las compañías suministradoras que no cumplen la ley catalana 24/2015 sobre pobreza energética, y cortan la luz, el agua o el gas a familias en situación de vulnerabilidad.

Según ha apuntado la teniente de alcalde de Drets Socials, Janet Sanz, las multas podrán empezar a aplicarse "en un mes o un mes y medio".

Colau ha recordado que la ley sobre pobreza energética establece que no se puede cortar el suministro a una familia si no existe una garantía de que sus ingresos son superiores a 1,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya, que es de 7.967,73 euros anuales, y ha asegurado que las compañías están incumpliendo esa condición. "Endesa y Gas Natural la única ley que están cumpliendo es la del mínimo esfuerzo", ha sentenciado.

La alcaldesa ha explicado que desde noviembre el consistorio se ha reunido varias veces con estas empresas, mayoritarias en electricidad y gas en Barcelona, y que estas "no han querido avanzar en la firma de ningún convenio" para la aplicación del texto legal, ni para corresponsabilizarse en la ayuda económica a personas sin recursos más allá del bono social.

Por ello, ha apuntado, el gobierno municipal ha decidido "aplicar la ley", que prevé sanciones de entre 10.000 y 100.000 euros e incluso, en casos graves, impedir a las compañías presentarse a concursos públicos.

Los planes del Ajuntament no contemplan, sin embargo, multar a Aigües de Barcelona (Agbar), empresa mixta con liderazgo público, pues, la teniente de alcalde de Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha apuntado que es la única suministradora "que propone corresponsabilizarse"  y que cuenta "con un fondo de solidaridad".

Otras medidas previstas por el Ajuntament contra la pobreza energética, que según Colau, afecta a entre el 7% y el 10% de los hogares de Barcelona –hasta unos 65.500–, son reclamar a la Generalitat que que proceda a la reglamentación de la ley 24/2015 para dificultar actuaciones jurídicas contrarias a la norma y a la reglamentación de la ley 22/2010 del Codi de Consum para dar mayor claridad al régimen sancionador.

El consistorio contempla, asimismo, crear un operador energético propio y "trabajar para el retorno a la gestión pública del agua", ha explicado Sanz, "para ofrecer un suministro garantizado y justo a todos".

En 2015, el Ajuntament de Barcelona incrementó la inversión en ayudas contra la pobreza energética hasta los 778.000 euros, un 22% más que el año anterior, y estas llegaron a 5.062 familias, un 24% más. Los cuatro puntos de atención a esta problemática abiertos desde octubre en los distritos más afectados habían atendido hasta el 31 de marzo a 993 personas.

Endesa y Gas Natural han replicado que no cortan el suministro a familias que acrediten estar en situación de vulnerabilidad.

Se han remitido al convenio firmado con el anterior gobierno municipal, que establece que se dejará en suspenso un corte cuando las compañías reciban  un informe de los servicios sociales que certifique que un cliente no tiene recursos.