El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por la Junta de Andalucía, ha citado a declarar el 29 de abril al exdelegado de Empleo y exdirector provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Eduardo Muñoz, que ha sido detenido por estos hechos hasta en dos ocasiones.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, durante este mes de abril, los jueves y viernes, irán declarando los otros cargos de la Junta en Huelva que también están siendo investigados por estos hechos.

Entre ellos se encuentran José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo; Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, y José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE, que hace unos días compareció ante la comisión del Parlamento.

Todos ellos, junto a los técnicos Enrique Márquez de la Vega y Concepción Vela Ariza, están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Estas detenciones se llevaron a cabo tras el análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la 'Operación Edu'. Estos agentes investigaron las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Dicha resolución recoge partidas destinadas a 129 entidades que ascienden a cerca de 12 millones de euros. Estas subvenciones van desde los 12.000 euros la más baja, hasta los 311.025 euros la más alta. Hay entidades de todo tipo y también 14 ayuntamientos de municipios onubenses.

Según relata el BOJA, estas subvenciones se concedieron "con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía". Está firmada por el detenido José Martínez Iglesias como Secretario General de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo.

Fruto del estudio de estas subvenciones, los investigadores de la Policía acusan a los detenidos de haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de Prevaricación y Malversación de caudales públicos.

Dos de los detenidos siguen en el sae

A diferencia de Muñoz García, dos de los detenidos siguen trabajando en el SAE y un cuarto ya está jubilado. Fueron detenidos el pasado mes de marzo y después de que se les leyesen los derechos como detenidos, se les tomó declaración.

Según han informado a fuentes de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, al menos tres de ellos se acogieron a su derecho a no declarar y, tras su paso por dependencias policiales, fueron puestos en libertad. Los dos detenidos que aún trabajan en el SAE acudieron a su puesto de trabajo.

Una investigación de abajo a arriba

La estrategia de la UDEF en esta investigación ha consistido en avanzar de abajo arriba de la 'pirámide' del presunto fraude. Los expertos policiales comenzaron por la base entrevistándose con miles de alumnos o profesores que participaron en los cursos, también se investigaron centenares de empresas. El resultados de esas averiguaciones ha dado lugar a detenciones que ya afectan a personas que tenían poder de decisión.

En el marco de la investigación, la Policía acusa a Eduardo Manuel Muñoz de manejar el organismo de forma arbitraria y atendiendo a sus intereses personales e incluso apartó a los funcionarios que no comulgaban con sus actividades. La Policía le acusa de controlar directamente a qué empresas se les daba las subvenciones sin tener en cuenta si cumplían los requisitos exigidos por Ley.

Las fuentes consultadas relatan cómo este detenido llegó incluso a falsear la constitución del Órgano Colegiado dispuesto legalmente para estas actividades o que determinaba arbitrariamente los baremos a tener en cuenta para las subvenciones.

La UDEF ha detectado que el exdirector del SAE de Huelva consintió tramitar al menos una subvención a sabiendas de su injusticia. Además, para tratar de ocultar su responsabilidad en esta decisión, usó al secretario general de la Delegación Territorial de Empleo en Huelva para que firmase la subvención bajo una supuesta delegación de firma realizada en fraude de Ley a juicio de la Policía.

Por otro lado, cabe recordar que este mismo juzgado ha declarado responsable civil subsidiaria de este supuesto fraude a la Junta de Andalucía, la cual ha elevado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva por estos hechos.