El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla ha asegurado que la presentación de la denuncia penal ante la Fiscalía en relación con el proyecto del edificio Centrius de la Universidad de Sevilla fue consecuencia de la "reiterada negativa de la Universidad a aclarar la adjudicación del contrato de arquitectura", de forma que esta denuncia "se interpuso después de un largo proceso, de más de seis años, en el que se intentó que se aclarase el asunto, en la vía administrativa y en el que ha sufrido todo tipo de obstáculos, recursos e impedimentos".

En una nota remitida a Europa Press, el Colegio ante las informaciones sobre la investigación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la adjudicación del proyecto del Centro Universitario de Espacios Tecnológicos (Centrius), por parte de la Universidad hispalense, ha puntualizado que su reclamación sobre el Centrius se inscribe en "la política de este colegio de contribuir a la defensa de los procedimientos legales, ejerciendo sus competencias en lo que se refiere a reclamar la obligación de que las administraciones adjudiquen los trabajos de arquitectura mediante concurso público, según lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, y porque impulsa la óptima calidad de la arquitectura".

En este sentido, el Colegio de Arquitectos ha reiterado que los concursos "son el mejor procedimiento para que las inversiones públicas obtengan el máximo rendimiento, reuniendo todo el talento y la calidad profesional que puede aportar en su conjunto el colectivo profesional".

Recuerda que esta posición "ha sido difundida reiteradamente, y ya en 2010 el COAS "publicó un informe sobre el incumplimiento reiterado de la Ley de Contratos por las Administraciones públicas, señalando que entre 2005 y 2009 se presentaron por este motivo 86 recursos, y sólo 24 fueron estimados por las entidades requeridas, por lo que el colegio se vio obligado a recurrir el resto ante los tribunales".

Ha agregado, sobre este caso, que el 29 de mayo de 2009, al conocer que se habían adjudicado "sin concurso público y abierto" los contratos para la redacción del proyecto y la dirección de obra del Centrius, el colegio reclamó al vicerrectorado que aclarase los hechos, "pero este organismo le denegó el acceso al expediente, por lo que el colegio acordó el 20 de julio de 2009 interponer un recurso contencioso-administrativo para que se le tuviera por parte en dicho expediente, a los efectos de su posible impugnación".

"el expediente aún no ha sido entregado"

Este contencioso culminó cuatro años más tarde en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 28 de enero de 2013, que condenó a la Universidad de Sevilla a entregar al Colegio de Arquitectos todo el expediente administrativo del procedimiento de contratación cuestionado, un expediente que "aún hoy no ha sido entregado al Colegio por la Universidad de Sevilla", por lo que el Colegio de Arquitectos mantiene la reclamación en esta jurisdicción.

Ha explicado que la construcción de la primera fase del edificio se había adjudicado el 3 de junio de 2009, con un pliego de prescripciones técnicas que incluía los honorarios por la redacción del correspondiente proyecto de ejecución, por 580.000 euros. Asimismo, el 14 de octubre de 2009 el Vicerrectorado de Infraestructuras, del que entonces era titular el actual consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, "encargó la dirección de obra, por adjudicación directa a los autores del proyecto de ejecución", siendo el importe de 108.170 euros.

El Colegio de Arquitectos presentó el 27 de marzo de 2015 ante la Fiscalía de Sevilla, por acuerdo de su junta de gobierno, una denuncia por la adjudicación de los citados contratos de arquitectura, proyecto y dirección de obra para la construcción del Centrius, al objeto de ponerlo en conocimiento de la fiscalía.

El Colegio de Arquitectos afirmaba en su denuncia que "se había producido una presunta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, que garantiza los principios constitucionales de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos e igualdad de trato entre los candidatos al adjudicarse contratos".

El Colegio ha precisado que "en concreto, se incumplieron, entre otros, el artículo 109 de esa ley, que exige la tramitación del correspondiente expediente para la celebración de contratos de las Administraciones Públicas; el artículo 138, que regula el procedimiento concursal para la adjudicación, y el 142, que obliga a publicarla en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea".

Ha añadido que "también se incumplió el artículo 86, al haberse fraccionado encargos para disminuir su cuantía y eludir así los requisitos establecidos".

Uso "excepcional" de la vía penal

El Colegio de Arquitectos ha dejado claro que esta denuncia "se interpuso después de un largo proceso, de más de seis años, en el que el colegio intentó que se aclarase el asunto, en la vía administrativa y en el que ha sufrido todo tipo de obstáculos, recursos e impedimentos, por lo que se vio abocado, como consecuencia de los acontecimientos, a ponerlo en conocimiento del fiscal".

"El uso de la vía penal fue excepcional, ya que habitualmente reclamaciones de este tipo se resuelven mediante el diálogo, o en todo caso por la vía contencioso-administrativa", ha añadido.

Con esta actuación, el Colegio de Arquitectos de Sevilla "cumple con su obligación constitucional y estatutaria de colaborar con el mejor funcionamiento del Estado de Derecho, en el ámbito de sus competencias", de forma que, una vez que los hechos han sido conocidos por la Justicia, el colegio sevillano se limita a expresar su "plena confianza y respeto" hacia las decisiones que tome la Justicia sobre los hechos y sus posibles consecuencias legales.