El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha criticado en el Parlamento la "improvisación y descoordinación" del Gobierno central durante la puesta en marcha del Papel Cero en la Administración de Justicia.

En una nota de la Junta, el consejero ha señalado que esta "descoordinación ha quedado patente con las críticas de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, que ha denunciado la ineficacia, retraso e inseguridad" del proyecto tal como se ha llevado a cabo.

De Llera, en su respuesta a una pregunta parlamentaria, ha vuelto a criticar al Ministerio de Justicia por la forma de llevar a cabo la implantación del 'Papel Cero' y ha censurado la negativa de su titular, Rafael Catalá, a conceder una "moratoria" como reclama el sector debido a los "problemas" que está generando el nuevo sistema desde su puesta en marcha el pasado 1 de enero.

La "negativa" del ministro ha chocado, según el consejero, con voces tan autorizadas como la de la fiscal general, quien ha advertido recientemente de la "excesiva lentitud del sistema, sus constantes caídas, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican o la insuficiente formación" impartida al funcionariado para la puesta en marcha del Papel Cero.

"Si hasta la propia fiscal general tiene que decir esto sobre el proyecto, está claro que el Ministerio de Justicia no va por el buen camino", ha subrayado De Llera en su intervención en el Parlamento andaluz.

Pese a ello, según el titular de Justicia e Interior, la Junta de Andalucía "está poniendo todo de su parte" para que el 'Papel Cero' sea una realidad "cuanto antes" en la Administración judicial.

Al respecto, ha recordado que responsables de la Consejería se han reunido con los colectivos implicados, se han preparado los sistemas para que la interconexión sea "efectiva", se han instalado más de 800 buzones digitales en órganos judiciales y decanatos para "facilitar el trabajo", y se han organizado cursos de formación y elaborado manuales de consulta dirigidos al personal público.

"Confío en que el próximo ministro de Justicia escuche a las comunidades autónomas, a jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales, porque una respuesta coordinada a un problema común siempre será más acertada que una decisión unilateral que cuenta con el rechazo de todo un colectivo", ha insistido De Llera.