La Junta alcanza un acuerdo con el Gobierno que evita llevar al TC la ley estatal sobre Patrimonio Inmaterial

La Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación han alcanzado un acuerdo sobre la interpretación de la Ley para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada por el Ejecutivo central el pasado mes de mayo que evita que el Ejecutivo autonómico recurra esta norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

La Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación han alcanzado un acuerdo sobre la interpretación de la Ley para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada por el Ejecutivo central el pasado mes de mayo que evita que el Ejecutivo autonómico recurra esta norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

La Junta expresó el pasado mes de julio "discrepancias" sobre varios artículos y disposiciones de la citada Ley y acordó con el Gobierno de la Nación designar un grupo de trabajo que finalmente ha cerrado un acuerdo sobre la interpretación de la norma el pasado 24 de febrero.

Dicho acuerdo, rubricado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, da por superadas las "discrepancias manifestadas" en relación con los artículos 1, 2, 3j, 4, 5.2, 9, 10, 11, 12, 13.2 y 14.6 y las disposiciones finales primera, tercera, quinta y séptima de la Ley 10/2015 para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y por "concluida la controversia planteada".

Estos artículos de la norma estatal regulan aspectos relativos a las competencias de la Administración General del Estado sobre los bienes que se declaren Patrimonio Cultural Inmaterial y las garantías para su disfrute público, además de introducir modificaciones en la Ley de Patrimonio Histórico Español.

El acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación, consultado por Europa Press, establece que la competencia estatal en el ámbito de las relaciones internacionales "debe interpretarse sin menoscabo del ejercicio de la competencia de la comunidad autónoma para realizar actividades en el exterior que sean proyección de sus competencias materiales en materia de protección y difusión de su patrimonio cultural inmaterial".

Ambas partes también han pactado que "las metodologías comunes de registro que deben observarse al incluir bienes en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial sean adoptadas en el seno del Consejo de Patrimonio Histórico, órgano de cooperación interadministrativa en la materia".

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