El grupo Valladolid Toma la Palabra trasladará al pleno del próximo viernes, 8 de abril, una moción en la que propone aplicar recargos de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles a aquellas viviendas de la capital que se encuentren desocupadas, con el fin último de promover su alquiler.

La estimación que maneja VTLP, tomando como referencia datos del INE y de la empresa Prointec, es que la medida, en caso de salir adelante, podría afectar a un censo aproximado de unas 19.000 viviendas en la ciudad—los mayores tenedores son los bancos—, cálculo sin embargo que, como así ha reconocido el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, resulta aún muy complicado si se tiene en cuenta que aún no se ha acuñado el concepto oficial de 'vivienda vacía'.

En este sentido, el a su vez primer teniente de alcalde, en declaraciones recogidas por Europa Press, hace suya una recomendación ya realizada en junio de 2013 por el Procurador del Común en la que éste, además de denunciar la carencia de tal definición por parte de la Administración estatal, apuntaba incluso la posibilidad de que los ayuntamientos aplicaran el referido recargo en el IBI para viviendas de uso residencial que se hallaran desocupadas con carácter permanente.

Por ello, es intención de VTLP de llevar al próximo pleno, trasladado al viernes, una moción para, en primer lugar, instar a la Junta a que promueva ante la Administración central la regulación del concepto de 'vivienda vacía', con el objetivo de que los ayuntamientos que lo estimen oportuno, el de Valladolid entre ellos, puedan aplicar el citado gravamen, de hasta el 50% del IBI, así como, con carácter subsidiario, que hasta la obtención de esta definición sea la propia Junta la que lo haga con el fin de poder ya adoptar medidas dirigidas a incentivar el alquiler.

"La condición previa y necesaria es contar con esa definición para poder luego actuar", ha insistido Saravia, quien ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja ya en la identificación del censo de viviendas vacías, tarea compleja que requerirá de un análisis de aquellas que no registren consumos de luz, agua y gas.

Aunque VTLP no ha concretado el recargo que se aplicaría a estos inmuebles desocupados, que podría ser de hasta el 50%, Saravia ya ha advertido de que, en caso de recibir luz verde, sería lo suficientemente gravoso para los propietarios a fin de "estimular" el alquiler.

Red de municipios laicos

Los ediles de VTLP también se han mostrado receptivos, aunque sin haber tomado aún una decisión al respecto, a la posibilidad de presentar en futuros plenos la solicitud de incorporar el Ayuntamiento de Valladolid a la Red de Municipios Laicos, con el objetivo de desvincular la institución de cualquier manifestación de tipo religioso.

Así, María Sánchez, concejal de Medio Ambiente, en coherencia con la postura de su grupo de no acudir de forma oficial a los actos de la recién concluida Semana Santa vallisoletana, insiste en que "las creencias personales son muy respetables, están ahí pero es preciso que los cargos públicos se mantengan al margen. Es preciso mantener la separación entre Iglesia-Estado".

Apoyo a madison y dulciora

Por otro lado, y tras los últimos conflictos laborales en Lauki, Madison y Dulciora, los ediles de VTLP, que llevarán también al pleno del viernes una propuesta de modificación del PGOU para "blindar" el uso industrial lácteo de la empresa lechera, han expresado su apoyo a los trabajadores de las tres mercantiles.

En el caso de Dulciora, Saravia ha precisado que se trata de un asunto distinto del de Lauki, ya que la factoría de caramelos se encuentra en un polígono industrial y, además, su cierre previsto en 2017 "permite un mayor plazo y margen para actuar", mientras que respecto de Madison, mercantil que realiza trabajos para el Consistorio —Seminci y Pádel World Tour, el concejal de Participación Ciudadana, Alberto Bustos, espera que una futura modificación de los pliegos de condiciones permita que los trabajadores "no sean siempre los paganos" de las ofertas a la baja realizadas por las adjudicatarias de los servicios municipales.