El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, ha aclarado este sábado en un comunicado que el Ayuntamiento "no ha dado luz verde" a los derribos de las viviendas "ilegales" del municipio, sino que viene "impuesto" por la justicia, de modo que el Consistorio "acata la orden del tribunal, aportando el calendario de ejecución que reclama, que nada tiene que ver con un calendario de legalización".

"La posición municipal se ha identificado por algunos, interesadamente, como una luz verde a la demolición de las construcciones", ha manifestado el regidor, a raíz de informaciones según las cuales Argoños y Escalante -ambos ayuntamientos del PP- se desvincularían de la postura del Gobierno regional PRC-PSOE, que pide suspender la ejecución de los derribos.

Ante esto, el alcalde de Argoños recuerda que en el pasado mes de enero, tras recibirse el fallo del Tribunal Constitucional que anula las autorizaciones provisionales aprobadas la pasada legislatura con la reforma de la Ley del Suelo -para retrasar las demoliciones hasta que estén los nuevos planes urbanísticos municipales-, la Sala de lo Contencioso requirió al Gobierno cántabro y a los ayuntamientos con viviendas condenadas a la demolición para que alegasen respecto a la existencia de garantías indemnizatorias para los propietarios y planteasen un calendario de ejecución de las sentencias.

"No ha habido oportunidad alguna de coordinar una respuesta común con el Gobierno regional al requerimiento del Tribunal y éste no ha pedido, precisamente, que le digamos cuánto tardamos en aprobar el Plan General", apunta el regidor, que señla al respecto que el fallo del TC supuso la "reactivación" de los procesos de ejecución.

En un comunicado, Barruetabeña se refiere también a una reciente modificación legal que exige que, antes de demoler una vivienda, se garantice la indemnización al comprador de buena fe. Y, al hilo, recuerda los convenios que el Gobierno regional suscribió la pasada legislatura con los afectados para garantizarles una vivienda de sustitución o una indemnización económica.

Pero según el alcalde, el Ejecutivo ha alegado que el convenio firmado para garantizar las indemnizaciones "no supone garantía alguna" para estos y pide que no se tiren las viviendas hasta la aprobación de los nuevos planeamientos, es decir, "una gran autorización provisional general".

Además, el regidor sentencia que la demolición de las viviendas "la pidió ARCA", la asociación ecologista que promovió denuncias que han desembocado en las sentencias de derribo, y "el Tribunal es el que le ha dado luz verde".

Calendario de argoños

En cuanto al calendario que ha presentado su Consistorio, se plantea comenzar a demoler las construcciones en las que "la responsabilidad de lo ocurrido" es del Gobierno de Cantabria, aquellas en las que la licencia se anuló por la "ilegalidad" del Plan de las Marismas y de la autorización previa concedida por el órgano gestor del Parque Natural, el Gobierno de Cantabria.

"En estos casos, todos los propietarios tienen un convenio indemnizatorio con la administración regional, se ve interesado un espacio protegido y existe un acuerdo extensible que coordina a ambas administraciones en orden a la materialización de la sentencia", señala el alcalde de Argoños, para indicar que el presupuesto regional "garantiza el cobro de una indemnización justa y rápida". Así, "habrá que cuantificar definitivamente" esta cantidad, pero "se encuentra asegurada", ha insistido.

Mientras, las "últimas etapas" de ese calendario se reservan para aquellas situaciones en las que "no existe esa garantía de indemnidad", por lo que se culminarán cuando se obtenga la misma. De todas formas, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento de Argoños ha reivindicado la "eficacia" de los convenios firmados con los afectados como garantía de indemnidad.

En este sentido, defiende que él ha sido "juzgado por desobediencia, y absuelto", por defender a los propietarios de viviendas condenadas al derribo y la integridad de sus patrimonios. También, destaca el regidor, el Consistorio ha suscrito convenios con el Gobierno de Cantabria para que los afectados obtengan esa garantía patrimonial.

Y ha promovido incidentes, recursos y procesos "más allá de donde alcanza la imaginación", al tiempo que -prosigue Barruetabeña- ha "peleado" por los derechos de los afectados y por impedir la demolición de sus viviendas, "a veces con el Gobierno coordinado y a veces también abandonado". "No soy sospechoso de haber mirado para otro lado", asegura el alcalde de Argoños.