El PP ha presentado una moción para su debate este lunes en el pleno del Parlamento, en la que plantea cinco líneas de actuación para incentivar la economía cántabra, entre ellas congelar las tasas, bajar el IRPF a las rentas inferiores a 20.000 euros y no modificar el impuesto de sucesiones y donaciones.

Además, propone incorporar una bonificación en el tramo autonómico del IRPF para la compra de libros de texto a los contribuyentes con las rentas más bajas; y aumentar la bonificación para gastos médicos en el tramo autonómico del IRPF para incluir los gastos de material sanitario para personas con alguna discapacidad.

Para la portavoz de Economía del PP y diputada regional, "es evidente que a la economía cántabra no le están sentando precisamente bien las recetas del gobierno PRC-PSOE, que está reproduciendo muchos de los vicios de las legislaturas en las que gobernaron en coalición, con el plus que supone -dice- contar con el aval de Podemos a sus subidas de impuestos".

"Nosotros planteamos un escenario completamente diferente, primero porque nuestra hoja de ruta estaba funcionando hasta mediados de 2015 y segundo porque el gobierno cuenta además con una mayor margen, que se acaba de ampliar en otros 34 millones que provienen de la financiación autonómica", explica Mazas.

"Un panorama radicalmente distinto al que le tocó vivir al gobierno de Ignacio Diego que tuvo que afrontar una devolución de más de 500 millones de euros, que aún estamos devolviendo, y que provenían de los ejercicios 2008 y 2009, en los que recaudamos menos de lo previsto en IRPF, IVA e impuestos especiales", afirma la exconsejera de Economía y Hacienda en un comunicado de prensa.

Mazas añade que "a pesar de esas estrecheces presupuestarias, a las que se unían más de 320 millones de euros de facturas en el cajón, el anterior gobierno fue valiente" y suprimió el impuesto de sucesiones, que a su juicio es "injusto, ya que es volver a gravar al ciudadano sobre bienes sobre los que tributó en su momento".

La moción del Partido Popular insta al Gobierno a no modificar la bonificación autonómica en las adquisiciones "mortis causa" de los contribuyentes incluidos en los Grupos I y II del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

"Creemos que es un error que el gobierno pretenda gravar a los ciudadanos con un impuesto sobre las herencias, y lo es más aún cuando tenemos un mayor margen de actuación debido a la financiación autonómica, que incorpora a las arcas públicas esos 34 millones de euros que se acaban de anunciar desde el Ministerio de Economía", concluye Mazas.