El Gobierno andaluz ha manifestado este martes que las prescripciones en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos supone una "mala noticia", sobre todo, porque su gabinete jurídico había advertido a la justicia "con insistencia" de esa posibilidad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha sido preguntado sobre el hecho de que la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE, archivará en un auto la causa abierta por Mercedes Alaya contra 12 imputados por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos toda vez que han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra los mismos.

"Nos duele que se produzcan estas prescripciones porque hemos hecho todo el esfuerzo por el esclarecimiento de los hechos y hemos apostado por la colaboración con la justicia para llegar hasta el final y que pagaran los culpables", según ha indicado Vázquez.

Ha recordado que la Junta, a través de su gabinete jurídico, llegó a advertir en trece ocasiones "del riesgo de prescripción de algunos delitos relacionados con la Sierra Norte", algo que también había hecho la Fiscalía Anticorrupción.

Vázquez ha agregado que la Junta, en octubre de 2011, presentó un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla solicitando la práctica de diligencias judiciales sobre todo lo que afectaba a las ayudas de la Sierra Norte.

Asimismo, Vázquez ha lamentado que dirigentes del PP-A y el propio delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, hayan hechos unas manifestaciones a este respecto que solo han perseguido confundir a la opinión pública andaluza.

Ha reprochado a Sanz que ayer se pusiera la "camiseta de hooligan del Partido Popular para falsear la realidad e intentar seguir la estrategia que marca su partido", cuando debería ser consciente de que representa a todos los andaluces en nombre del Gobierno central.

"Debería tener altura de miras, respetar la verdad y hacer política pensando en los ciudadanos, algo que no ha hecho", según ha apuntado Vázquez, para quien Sanz tiene una rara habilidad para "confundir lo institucional y lo partidario".

Los hechos, según ha insistido Vázquez, desmienten al Partido Popular, porque la juez Mercedes Alaya emitió un auto en enero de 2015 en el que reconocía "la colaboración de la Junta", cuando el sindicato Manos Limpias intentó que fuera apartada como parte personada en la causa.