La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha decretado unos servicios mínimos durante la huelga indefinida del Sector de Limpieza Pública Viaria y Saneamiento que comenzará el próximo viernes a las 23,55 horas que contemplan la realización del 100% de los trabajos recogida de residuos en centros sanitarios, colegios con comedor y mercados; del 75% de las labores extraordinarias estipuladas para Semana Santa; del 50% de la recogida de residuos en las calles; y del 40% de la limpieza viaria.

El decreto publicado dice querer garantizar "una razonable proporción entre los sacrificios impuestos a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de los servicios esenciales" pero fuentes del comité de empresa de la adjudicataria de la limpieza pública viaria de la ciudad autónoma, Trace, han rechazado por "excesivos" los servicios mínimos estipulados y, en declaraciones a Europa Press, han asegurado que solamente se efectuarán "los de hospitales, centros educativos, mercados y prisión".

El portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel (PP), ha reconocido en declaraciones a los medios que la convocatoria de huelga "preocupa" al Gobierno autonómico, pero ha subrayado que la Administración "no tiene margen de maniobra" para "mediar" entre la patronal y los sindicatos "aportando más dinero público".

Los trabajadores del sector tiene sus retribuciones congeladas desde hace cinco años y ahora reclaman un incremento salarial anual "negociable" del cinco por ciento, así como la transformación de 50 contratos a tiempo parcial en jornadas completas, entre otras reivindicaciones. Trace ofrece, sin embargo, el mantenimiento de sueldos y más libertad en las condiciones del convenio para programar las vacaciones y los días de asuntos propios de los empleados.

Tras reunirse con los sindicatos, el secretario general del PSOE, Manuel Hernández, ha aseverado que "si hay huelga el gran culpable del conflicto es el Ejecutivo de Vivas por su inoperancia y falta de capacidad resolutiva". Los socialistas critican la "actitud negativa" del Gobierno del PP, "que no quiere mediar en un problema en el que tiene mucho que decir y hacer".

La Ciudad Autónoma renovó en 2013 la concesión de la limpieza pública viaria, recogida de basuras y contenedores con un contrato de diez años de duración y 150 millones de euros de presupuesto y el ejercicio pasado aumentó su cuantía un diez por ciento, "el máximo legal permitido", alegando una manifiesta insuficiencia de los servicios adjudicados para mantener en condiciones las calles.

Los sindicatos aseguran que la renovación del contrato a la baja ha llevado de 720 a 280 el número de contratados en temporada alta y ha generado una "sobrecarga" de trabajo supuestamente "inasumible" para la plantilla, que en el peor de los casos percibe unas remuneraciones mensuales de unos 1.600 euros.