La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha acusado a la portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, de "mentir y manipular la realidad" en torno al archivo provisional por falta de información de la causa de los cursos de formación que afecta al entramado empresarial vinculado al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco.

Asimismo, asegura que el PP "miente cuando dice que hay riesgo de prescripción administrativa de los expedientes tras esta resolución judicial".

En una nota remitida a Europa Press, la Consejería ha apuntado que Crespo "miente cuando dice que los expedientes no han sido enviados al juzgado", toda vez que, según explica, éstos "fueron entregados en mayo de 2014, tras el auto de 19 de mayo del mismo año emitido por el Juzgado número 6, que libró mandamiento judicial para que la Guardia Civil incautara los citados expedientes y ordenaba al director general de Formación para el Empleo a que 'de forma inmediata y sin dilación' se hiciera entrega a los agentes de la Guardia Civil de dichos informes, como relata el escrito del fiscal de fecha 17 de febrero de 2016".

La Junta asegura que el PP "miente cuando dicen que hay riesgo de prescripción administrativa de los expedientes" tras esta resolución judicial.

De esta forma, apunta que Crespo "miente cuando alerta de riesgo de prescripción de la instrucción penal de los expedientes de formación", toda vez que "el sobreseimiento provisional decretado paraliza el periodo máximo de instrucción".

"Si alguien quiere que prescriban los expedientes es el propio PP, cuando en un escrito de alegaciones, de fecha 3 de marzo de 2016, se muestra contrario al sobreseimiento provisional y pide que continúe la instrucción con el riesgo de prescripción dada la voluminosa cantidad de expedientes", ha aseverado la Consejería.

Ha asegurado que el PP "oculta que se procedió a asignar los funcionarios requeridos por el juzgado mediante auto de 10 de abril de 2015 para el estudio de los expedientes y la posterior emisión de los informes que se requiriera por parte de la magistrada".

Por otro lado, la Junta ha indicado que el gran número de expedientes que se enmarcan bajo el código 98, correspondientes al periodo 2004-2011, "hace prever la llegada de nuevas resoluciones con archivos provisionales como medida cautelar, para que no corran los plazos de prescripción de la instrucción penal".

Por tanto, considera que este auto "es una muestra de absoluta normalidad y colaboración de la Junta de Andalucía con la investigación judicial", y ha recordado que la propia Junta de Andalucía solicitó al juzgado el 15 de mayo de 2015 una aportación progresiva de los citados informes "dentro de la mayor lealtad y colaboración institucional".