La juez María Núñez Bolaños ha decretado el archivo provisional de la pieza separada de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que afecta al entramado empresarial vinculado al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, decreta el sobreseimiento provisional de esta pieza separada en el mismo auto, de fecha 7 de marzo, en el que declara la especial complejidad de la pieza, lo que permite que, en lugar de los seis meses que precisa la Ley de Enjuiciamiento Criminal como plazo máximo para investigar una causa, la instructora disponga de un máximo de 18 meses para poder concluir la investigación.

La juez ha acordado el archivo provisional de esta pieza en virtud del punto 3 del artículo 324.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los plazos previstos en dicho artículo quedarán interrumpidos en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del mismo o en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa.

De esta manera, y cuando se alce el secreto o las diligencias sean reabiertas, continuará la investigación por el tiempo que resta hasta completar los plazos previstos en los apartados anteriores.

Es decir, la magistrada ha archivado esta pieza para que no corran los plazos de investigación previstos y porque las piezas declaradas complejas están pendientes de la recepción de distintos informes y documentación de varias instituciones que, a día de hoy, no se han recibido.

En el mismo auto de 7 de marzo, la instructora ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha declarado de especial complejidad la pieza separada del entramado empresarial de José María Pérez González.

Tanto Rafael Velasco como José María Pérez González están siendo investigados por un presunto delito de fraude de subvenciones dentro de la causa de los cursos de formación gestionados por la Junta de Andalucía.

Con anterioridad, y también a petición del Ministerio Público, la magistrada ya había declarado de especial complejidad la pieza relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a los consorcios públicos de formación de la Junta Ciomijas, Forman y CTI.

La instructora, en un auto dictado el 21 de diciembre de 2015, dividió la causa en nueve piezas separadas, de manera que únicamente queda que se declaren de especial complejidad tres de ellas, como son las piezas relativas al empresario empresarial vinculado al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda; al consorcio público de formación de la Junta Formades, y a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Petición de la fiscalía

En un escrito elevado al Juzgado en diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto Patiño, consideraba que la causa de los cursos de formación "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad".

El fiscal, que hizo esta petición antes de que la juez dividiera la causa en piezas, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "se considerará que la investigación es compleja" cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.

En este sentido, el Ministerio Público señala que la causa de los cursos de formación "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial" estos cuatro primeros apartados y "particularmente" el quinto que establece dicha ley, como es que la causa implique la realización de actuaciones en el extranjero, pues la investigación conllevará "una labor revisora y de análisis especialmente complejo".

La Fiscalía explica que el nuevo artículo 324 de la Ley diseña un modelo de plazos de la instrucción "que exige el establecimiento por parte de la Fiscalía de unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad", de manera que se fija un plazo general de duración de la instrucción de seis meses que se eleva a 18 cuando la instrucción sea declarada compleja, añadiendo que el sistema de prórrogas de hasta 18 meses adicionales "es aplicable exclusivamente a instrucciones complejas".

PRÓRROGA

En este sentido, pone de manifiesto que, "tanto en las causas ordinarias como en las complejas, es posible fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción cuya extensión temporal no está limitada por la nueva disposición legal", y en este punto explica que la declaración de complejidad "debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses".

De este modo, el propio instructor "puede dar traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre si procede declarar compleja la instrucción", mientras que "tampoco existe obstáculo alguno para que si las circunstancias que justifican la declaración de complejidad de la instrucción, la prórroga o la fijación de plazo máximo son apreciadas 'ab initio', pueda declararse la complejidad, acordarse la prórroga o fijarse el plazo máximo desde el momento en que consten las mismas, sin necesidad de agotar los plazos legales".