El Gobierno del Principado de Asturias prepara la elaboración de Libro Blanco de Participación Ciudadana, como paso previo a la presentación del proyecto de Ley de Participación. En el marco de esta iniciativa, el Ejecutivo regulará la actividad de los lobbies o grupos de presión, mediante la creación de un registro público.

El propósito es realizar un registro de esos grupos y regular su participación en procesos de consulta sobre normativas de la forma "lo más transparente posible", indicó este miércoles el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez.

Asimismo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Martínez explicó que el propósito es tener listo el Libro Blanco en el segundo semestre de este año, consultando a más de 8.000 asociaciones y entidades ciudadanas.

"El Gobierno de Asturias se situará a la vanguardia del país en políticas de transparencia con la elaboración de un Libro Blanco de Participación Ciudadana", dice, remarcando que el Principado también impulsará los 29 órganos sectoriales de participación con los que cuenta la Administración del Principado, que conforman "un ejemplo de la pluralidad de la sociedad asturiana".

Es el caso, entre otros órganos, del Consejo Asturiano de la Mujer, el Consejo Asesor de Comercio, el Consejo de Formación Profesional, el Consejo Asesor de Sanidad, el Consejo Regional de Caza, el Observatorio de la Sostenibilidad y el Consejo Escolar.

"La elaboración del Libro Blanco y la posterior Ley de Participación situarán a Asturias a la cabeza del país en la adopción de mecanismos de gobernanza colaborativa, dado que solo el País Vasco cuenta con un documento de estas características. En el ámbito normativo, únicamente Canarias dispone de una norma específica en materia de participación ciudadana, ya que el resto de comunidades que tienen legislación al respecto la incluyen dentro de las leyes de transparencia y buen gobierno", ha dicho.

Asimismo, ha remarcado el compromiso del Gobierno para regular la actividad de los lobbies o grupos de presión, mediante la creación de un registro público, una iniciativa que también pretenden seguir Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco.

"La regulación de los grupos de presión será una singularidad del ordenamiento jurídico porque solo Cataluña cuenta con un registro. Y entre las entidades públicas, únicamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha habilitado un mecanismo de estas características para mejorar la transparencia en su actividad", ha añadido.

Ley de transparencia

En relación con la tramitación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Martínez ha recordado que este viernes concluye el proceso de información pública y el texto definitivo se presentará en el primer trimestre de este año.

El documento incorporará la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que dependerá del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano con personalidad jurídica propia.