El portavoz regional de Ciudadanos y presidente de Comisión Especial de Investigación de la desalinizadora de Escombreras, Miguel Sánchez, considera que la comparecencia de la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, "ha ratificado lo ya expresado ante la comisión por el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, quien considera que el Ente Público del Agua fue un instrumento creado ad hoc por el Gobierno regional del PP para poder sortear el artículo 25 de la Ley de Aguas, haciendo un uso torticero del desarrollo de la normativa que lo regula".

Sánchez, quien ha arrancado su intervención en la comisión inquiriendo a la exministra de Medio Ambiente socialista por las razones por las que se derogó el trasvase del Ebro al Segura, también ha confirmado a través de las palabras de Narbona que la creación del Ente Público del Agua "se realizó de espaldas al Gobierno nacional y sin mencionar entre sus funciones la desalinización, porque ello hubiera supuesto un recurso por parte del Ejecutivo".

El portavoz regional de Ciudadanos ha resaltado, tras las declaraciones de Narbona, que la ley de creación del ente está ajustada a derecho, "pero lo que no está bien es su desarrollo, porque por ejemplo no se habla de desalinizadoras. El problema, como en otros muchos casos, es la utilización que se ha hecho de la normativa. Se usó el Boletín Oficial de la Región para tratar de forzar un cambio de modelo tendente a desarrollos urbanísticos desmesurados".

"Narbona ha confirmado lo que sospechábamos, que no es más que el Gobierno regional usó el Ente Público del Agua para impulsar las operaciones urbanísticas de un modelo de desarrollo que lo apostó todo al ladrillo, a través de unos informes y certificaciones que están siendo repetidamente tumbados por los tribunales", ha añadido Sánchez.

El portavoz de Ciudadanos también ha preguntado a Narbona si su Gobierno conocía y era consciente del modelo de desarrollo que se estaba tratando de imponer en la Región durante los años más duros de la burbuja inmobiliaria.

"La exministra ha reconocido que se trató de moderar esta burbuja a través de una legislación de aguas que a su vez fue sorteada de forma reiterada por el Ejecutivo del Partido Popular, empeñado en desarrollar un modelo urbanístico que planteaba crecimientos desmesurados, como demuestra que se recalificaron 180 millones de metros cuadrados de suelo rústico -usando los informes del EPA para sortear el control estatal- y que se preveía la construcción de decenas de miles de viviendas a través de los planes de ordenación urbana de los distintos municipios".

Sánchez se ha mostrado sorprendido por la respuesta de la exministra respecto a su compromiso con el trasvase Tajo-Segura y el memorándum que lo regula.

"Es muy grave que la exministra hable ahora y en esta región de que las guerras del agua van a ser más 'sangrientas' y que para evitar esta espiral es necesaria una mayor planificación entre comunidades autónomas. Pero es más grave que lo diga precisamente el brazo ejecutor de una decisión política que acabó con un consenso que se había plasmado en el PHN del ministro Borrell", ha lamentado el portavoz de Ciudadanos.