La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la Comisión de Igualdad en el Parlamento, ha expresado su deseo de que "ojalá" el próximo Gobierno de España "tome como bandera la dignificación de las pensiones", al tiempo que ha afirmado que el colectivo "está presente en la acción del Gobierno andaluz por motivos de justicia y de deuda colectiva hacia estas personas".

Durante su intervención, a propuesta del Grupo Popular, la consejera ha informado en Andalucía hay "1,4 millones" de personas de 65 o más años, por lo que se trata "de una realidad humana que debe estar presente en las políticas de cualquier gobierno". Además, destaca que "más que nunca los mayores son un sector muy activo, llegan a ser incluso el sostén de muchas familias y la conciliación total y absoluta a en muchos casos".

"Desde esta actividad diaria —continúa— el colectivo está presente en la acción del Gobierno andaluz por motivos de justicia y de deuda colectiva hacia estas personas, porque a nuestros mayores no se les preguntó cuando han tenido que ocuparse incluso de temas básicos en el cuidado de las familias y cuando sus salarios y pensiones no le han dado ni para llegar a mitad de mes, cuando han tenido que incluir el copago farmacéutico y asumir las dificultades del acceso a la dependencia".

Así, la consejera ha destacado que dentro de las políticas de la Junta está el programa de envejecimiento activo, que cuenta "con más de 900 centros públicos de participación activa en las ochos provincias andaluzas con una amplia variedad de actividades", toda vez que ha destacado que "más de un millón de andaluces" disfrutan de las ventajas de la Tarjeta Andalucía Junta 65, que el sistema de teleasistencia avanzada "es el más extenso y diverso" o que ha habido un incremento del dos por ciento en las pensiones no contributivas, a lo que se destinará "18 millones de euros en 2016".

En este sentido, ha resaltado también que "2,6 millones de euros" se dedican a paliar la reducción de las prestaciones económicas a las cuidadoras en el entorno familiar; que alrededor de "un millón" se destina al servicio de comidas bonificadas en centros de participación activa y catering para personas que no pueden desplazarse; o que "en la actualidad existen más de 131.000 beneficiarios de dependencia mayores de 65 años y más de 178.000 prestaciones, lo que representaría 75% del total de prestaciones que se reciben dirigidas al colectivo de personas mayores".

PP:

En andalucía los mayores "tienen carencias y problemas"

Por su parte, la diputada popular Amelia Palacios asegura que la realidad "deja a las claras que en Andalucía los mayores se encuentran con carencias y problemas que se repiten legislatura tras legislatura por la pésima gestión de la Junta", y califica de "preocupante la lentitud crónica" para resolver expedientes de dependencia, porque "en enero de 2016 casi 100.000 andaluces están a la espera del dictamen o la prestación".

De este modo, afirma que los datos demuestran que "desde hace año y medio ley de dependencia ha sufrido un auténtico frenazo en Andalucía, parón que hace que el número de plazas en residencia y centros de día sigan siendo insuficientes". Además, añade que "no se ocupan las plaza vacantes y que existe un déficit de plazas", toda vez que asegura que en nuestra comunidad "hay una gran diferencia entre centros privados y públicos", con "un 90% de residencias públicas no adaptadas a los nuevos requisitos de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007".

Palacios afirma también que la "pésima gestión económica de estos servicios provoca que se acumulen deudas en transferencias, centros y proveedores, e incluso se dan casos en los que centros terminados están cerrados porque dependen del concierto para poder dar servicios", que la ayuda a domicilio y la teleasistencia "continúa siendo infrautilizada y tiene también problemas de financiación" y denuncia la "penosa" situación en que se encuentran mayores que "sufren vejación física o psíquica", por lo que cree "más necesarias campañas de sensibilización para hacer perceptible esta lacra en la sociedad".

Por último, Palacios ha manifestado que la desaparición de las diputaciones provinciales "supondría un desastre para los mayores que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes" y espera que esta posibilidad "quede en ficción". Sobre este extremo, Sánchez Rubio ha afirmado que en la colaboración con corporaciones locales, "con las que trabajamos de forma estrechísima", las diputaciones "tienen un papel importante".

Finalmente, la consejera de Igualdad ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de anular algunos preceptos de la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por entender que invaden competencias de las comunidades.