El hombre de Rumanía que trajo a mujeres de este país a España para supuestamente ser explotadas en tres clubes de alterne cántabros y una de ellas han asegurado que "sabían que venían a ejercer la prostitución".

Así lo han manifestado este martes A.M., que en septiembre de 2005 trajo en un microbus a seis rumanas que "sabían a lo que venían a España", y una de ellas, que ha precisado que "sabían que venían a ejercer la prostitución" y "nadie nos obligó" a hacerlo.

Ambos han declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia de Cantabria como testigos, pues el hombre ya fue juzgado y condenado por estos hechos en su país. Asimismo, ha comparecido otra mujer, entonces camarera de uno de los clubes, que ha negado que su compatriota trabajara allí. Además, ha indicado que las chicas entraban y salían "cuando querían" de los locales, el 'Holliday' y el 'Centaurus', en Polanco, y el 'Rocco', en Torrelavega.

En la sesión también estaban citadas a declarar las tres rumanas testigos protegidas, por videoconferencia desde su país, aunque finalmente sólo lo ha hecho una de ellas y a puerta cerrada, ya que las otras dos no han sido localizadas.

A preguntas del fiscal sobre el testimonio de ésta, la mujer que ha comparecido ante el tribunal ha manifestado que "es mentira" la versión de que fueron engañadas, pues "todas" sabían a lo que venían. "Nosotras queríamos", ha afirmado, antes de indicar que ella ejercía la prostitución en uno de los clubes "libremente".

En este sentido, ha indicado que nadie les ofreció venir a España a ejercer la prostitución, sino que ellas hablaron con el contacto en Rumanía de la red que operaba en Cantabria, A.M, que fue quien las trajo en autobús.

Esta mujer ha negado conocer al presunto cabecilla de la organización, Ángel U.F., —"no le he visto nunca", ha sentenciado— así como que éste les propusiera prostituirse o quedarse con parte del dinero que recaudaban. Así, ha indicado que otro de los acusados, Víctor M.M. era "quien llevaba la voz cantante", es decir, "el jefe", algo que también habría manifestado la testigo protegida, según ha precisado a la prensa el abogado del supuesto líder de la trama.

La mujer rumana que ha comparecido en la Audiencia ha señalado que "vivían y dormían" en el club, pero ha negado que tuvieran contraída ninguna deuda con los dueños del local o negocio, ni que tuvieran que pagar por los servicios que prestaban, sino que se quedaban con todo el dinero que ganaban.

Y aunque ha asegurado que ella se pagó el viaje desde su país hasta España -200 euros, según ha dicho- el contacto de la organización y que venía con las mujeres en el autobús ha negado este extremo: "Yo pagué el viaje de todos".

Según la declaración de A.M., no se dedicaba a "captar" mujeres, sino que las traía "por mi cuenta". Ha dicho que una de las que vino a Cantabria era "prima" suya, que le había "suplicado" que la trajera a nuestro país porque "no tenía para comer". "Sabía a lo que venía", a trabajar, pero "no de camarera".

Este hombre ha negado que conociera entonces al cabecilla de la red, así como tampoco a su supuesto hombre de confianza, Joseba Iñaki B.B., o al portero Sorín S., también procesados en esta causa.

De los siete acusados inicialmente, y para los que la Fiscalía pedía penas que sumaban cerca de 165 años de cárcel, declararon ayer cuatro, puesto que además del ya condenado hay uno que está en rebeldía y otro que será juzgado en solitario, al presentarse al juicio sin abogado. Todos los que comparecieron en la Audiencia negaron los hechos.

Y como testigos también han comparecido este martes varios agentes de la Policía y de la Guardia Civil que intervinieron y participaron en la operación.

ORGANIZACIÓN

Según la Fiscalía, los procesados se constituyeron en organización para delinquir, con una "clara" distribución de tareas y jerarquías y con el objetivo de obtener un "beneficio económico ilícito" procedente de la explotación de mujeres extranjeras en la prostitución.

Al margen del líder y su hombre de confianza, y los encargados de los clubes, completaban la red el contacto de la organización en Rumanía y el que se encargaba de "recopilar y seleccionar chicas" en este país, traerlas a España y cobrar los encargos del jefe de la organización.

Según el Ministerio Público, a primeros de septiembre de 2005, por encargo del líder de la banda, el contacto en Rumanía seleccionó a seis mujeres, y les ofreció traerlas a España para un "trabajo digno" a cambio de un sueldo de mil euros al mes.

Iniciaron su viaje en microbús y entraron como turistas en España, llegando a uno de los clubes, donde el encargado les hizo firmar un papel en español según el cual tenían contraída una deuda de 1.000 euros cada una, que debían pagar tomando copas y manteniendo relaciones sexuales con los clientes del club.

El negocio se quedaba con la mitad del dinero que se conseguía por las consumiciones de los clientes y con 24 euros por cada servicio de las chicas en concepto de alquiler de la habitación, limpieza de sábanas y uso de preservativos. La cantidad restante de cada servicio, que podía ser de 50, 57 u 81 euros, las chicas tampoco se quedaban nada puesto que iba para la empresa para descontar la deuda.

En esas condiciones, la primera noche tres de las chicas se negaron a prostituirse pero el encargado les amenazó advirtiéndoles de que si no saldaban las deudas o iban a la Policía "les volarían la cabeza" y matarían también a sus familiares de Rumanía.

A la vista de estas amenazas, dos de ellas se prostituyeron en las dos noches siguientes, si bien la tercera no, por lo que volvió a ser advertida. Un par de días después, en una salida controlada a Torrelavega para comprar ropa (estaban restringidas por el encargado), seis chicas trataron de huir pero fueron interceptadas por el portero y volvieron a ser amenazadas.

Todas regresaron al club pero finalmente, otros dos días después, aprovecharon un descuido y que la puerta estaba abierta, para escaparse en autobús a Santander, donde fueron a la Policía y consiguieron la calidad de testigos protegidas, testificaron y reconocieron como autores a los ahora procesados.

En abril de 2006, funcionarios de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizaron un control de extranjería en otro de los clubes, donde fueron detenidos el encargado y cuatro mujeres brasileñas mayores de edad que dijeron prostituirse voluntariamente.