((Esta noticia sustituye a la anterior, titulada 'El exsenador Sebastián Ruiz (PP) y cuatro investigados más declaran por supuesto enchufismo en Arcos', por un error que afecta al titular y al primer párrafo, quedando como se indica a continuación))

Cádiz.-Tribunales.-El exsenador Sebastián Ruiz (PP) y cinco investigados más declaran por supuesto enchufismo en Arcos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha citado este martes a seis investigados por un caso de supuesto enchufismo en el Ayuntamiento arcense durante el anterior mandato, cuando gobernaban en coalición el PP y Alternativa Independiente Progresista (PP). Entre ellos figura el edil del PP Sebastián Ruiz, que acude por primera vez como investigado tras perder su condición de senador y, por tanto, de aforado.

Asimismo, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, este martes también declaran como investigados otros tres miembros del anterior gobierno local, algunos de ellos ya fuera de la Corporación —Leopoldo Pérez (Aipro) y las exediles Rosa María León (Aipro) y María Elena Miras (PP)—, así como el actual y el anterior interventor del Ayuntamiento.

De la misma manera, el edil del PP Domingo Jesús González ha sido citado para el día 10, después de que éste haya solicitado al juzgado declarar voluntariamente.

La querella que ha dado pie a este procedimiento fue presentada a título particular por el concejal socialista Joaquín Macías en septiembre de 2014 y ratificada en diciembre de ese año, dirigiéndose inicialmente contra el entonces alcalde, el 'popular' José Luis Núñez, y otros ocho concejales de Aipro y PP.

Según han indicado a Europa Press las citadas fuentes, se da la circunstancia de que la cifra de investigados asciende actualmente a 15 personas, concretamente 13 de los 14 miembros del anterior gobierno municipal más el anterior y el actual interventor.

Posible prevaricación y tráfico de influencias

El juzgado está investigando la posible comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular de 25 familiares y personas afines en el Ayuntamiento.

Como se recordará, a principios de 2015 fueron citados a declarar varios de los investigados, entre ellos el entonces alcalde. Según trascendió en su día, una de las ediles investigadas manifestó al juez que la hija del interventor municipal fue contratada por otro edil con la intención de que éste cambiase un informe que prohibía hacer más contratos "por falta de liquidez".

Fue en el mes de abril cuando el titular del juzgado citó a Sebastián Ruiz para que acudiese a declarar "en condición de aforado", toda vez que entonces era senador y su cita en calidad de investigado correspondería, en su caso, al Tribunal Supremo. Perdida la condición de senador, el edil presta este martes declaración ante el juez.

La querella

La querella que dio origen a este procedimiento exponía que, "desde el mismo momento de su toma de posesión", los querellados habrían venido ordenando el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011.

Dicho concierto de contratos de trabajo se habría realizado "con olvido del procedimiento legalmente establecido y omitiendo el proceso de selección" a través de convocatoria pública, y "sin la previa fiscalización del servicio de Intervención para constatar que la Administración poseía crédito suficiente para contratar".

En el listado de contratos aparentemente concertados siguiendo las directrices de los querellados se incluyen 16 casos de cuñados, sobrinos hermanos, hijos y tíos de responsables del anterior equipo de gobierno, siendo los puestos de carpintero, auxiliar, electricista, administrativo, peón, conserje, arquitecto o personal de limpieza.

Igualmente, sostenía la querella que también se habrían concertado otros nueve contratos laborales temporales en puestos similares con personas que formaban parte de las candidaturas de PP y Aipro "sin cumplir las normas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico".